CODIGO DE MINERIA COMENTADO - EDMUNDO CATALANO

DE LAS MINAS Y SU DOMINIO Art. 1
público planteadas entre dos particulares y cuya apreciación, por su naturaleza,
compete al órgano político concedentc y no a la justicia.
Pero cuando el conflicto afecta exclusivamente el interés privado de las partes,
es decir, cuando no está en juego la conformación del derecho fundamental
reconocido por el Código, o su extinción, la autoridad administrativa no debe
intervenir ya que la decisión compete a la autoridad judicial. Cuando se debate
el plazo de un arrendamiento minero, o el monto de la indemnización que corresponde
a una servidumbre, o la forma de distribución de frutos en vina sociedad
conyugal, el interés público no se encuentra afectado, porque el derecho
fundamental ya ha sido otorgado o reconocido y no se interponen obstáculos
a su desenvolvimiento. Sólo se discuten, en estos casos, aspectos patrimoniales
que hacen al exclusivo interés de las partes afectadas.
Antes de terminar, vamos a referirnos a algunos aspectos de la acción o el
recurso contencioso-administrativo en materia minera.
Entendemos que también en este punto existe alguna confusión en los códigos
procesales provinciales y debemos, tal vez, revisar algunas opinionesnuestras
vertidas hace muchos años, en trabajos anteriores.
Cuando la autoridad minera resuelve una contienda entre dos particulares
en que está en juego la constitución de uno de los derechos fundamentales reconocidos
por el Código, actúa dentro de su propia competencia como juez en
una cuestión de interés público minero y sus resoluciones no pueden ser anuladas
por los jueces, salvo en los casos en que las propias leyes hayan previsto un
recurso de apelación especial ante la justicia, como lo hacen algunos códigos
procesales, para mayor garantía del afectado. En este caso diríamos que la autoridad
minera tiene carácter mixto ya que, en la última instancia, está compartida
con la justicia.
Pero muchos códigos procesales mineros no contemplan este recurso de apelación
judicial y admiten, en cambio, contra las resoluciones de la autoridad administrativa
de última instancia, el recurso contencioso-administrativo ante el
Superior Tribunal de Justicia local. Creemos que una regla tan general dispuesta,
puede inducir a error sobre el verdadero alcance de este recurso.
La decisión de la autoridad minera en un conflicto de interés público minero
planteado entre dos particulares, nunca puede dar lugar al recurso o acción
contencioso-administrativa, ya que no se da el presupuesto básico para que esa
acción sea procedente. El Estado, en estos casos, no se encuentra en conflicto
con el particular. El conflicto está planteado entre particulares actuando el Estado
exclusivamente como juez. El Estado no se constituye en parte del proceso.
Sus facultades para decidir son consecuencia del poder jurisdiccional que la
ley le acuerda, como custodio del interés público. El denominado recurso o ac-
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