CODIGO DE MINERIA COMENTADO - EDMUNDO CATALANO

A.rt. 1
EDMUNDO !•'. CATALANO
ción contencioso-administrativa, en estos supuestos, no es tal, porque no está
en discusión el acto de la administración pública, sino la justicia de una decisión
adoptada como juez, que perjudica a una de las partes. No se impugna el
acto administrativo en sí, sino la sentencia recaída en un conflicto entre dos
particulares.
Insistimos en este punto porque no resulta clara, en las leyes, la distinción
entre los actos que la administración pública cumple, como juez de minas, de
los otros actos administrativos en que actúa como parte interesada frente a un
particular.
La actividad jurisdiccional de la autoridad minera se concreta en dos clases
de actos: los administrativos jurisdiccionales como, por ejemplo, cuando dispone
la caducidad de una concesión minera por incumplimiento de las condiciones
de amparo, o cuando sanciona una multa por infracción a las reglas de
policía minera; y los actos administrativos jurisdiccionales de carácter judiciario
cuando resuelve, por ejemplo, un conflicto de derecho, o de mejor derecho, entre
particulares, en los que está afectado el interés público minero, como ocurre
en los ejemplos mencionados en Jos párrafos precedentes.
Cuando la autoridad minera, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales,
realiza un acto administrativo puro y lesiona un derecho o un interés legítimo
del particular, como en el supuesto de la multa o de la caducidad de la concesión,
el acto administrativo puede ser atacado por la acción o el recurso contencioso-administrativo,
simplemente por aquello de que la administración no
puede ser juez y parte en la decisión. La revisión judicial se impone, en estos casos,
por razón de separación de poderes.
Pero cuando el acto administrativo se cumple en función de juez, o sea,
cuando dirime un conflicto entre particulares vinculado al interés público minero,
ya no está en juego la legitimidad del acto administrativo en sí, sino la
sentencia dictada por la administración como juez de minas. Esta resolución
será recurrible o no, según lo dispongan las leyes de procedimiento. Pero, en
su caso, lo será por vía del recurso de apelación ordinaria o por un recurso de
apelación especial, como lo prevén algunos sistemas mixtos de autoridad minera.
Nunca, en cambio, por el llamado recurso o acción contencioso-administrativa
que sólo procede, como lo señalamos ya, cuando el Estado es parte y
no juez en la contienda.
Volvamos, ahora, después de esta digresión sobre la autoridad y el procedimiento
minero, al texto del artículo 1 del Código, respecto al cual haremos algunas
aclaraciones necesarias. Este artículo determina que el Código rige los
derechos, obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición, explotación
y aprovechamiento de las sustancias minerales. El ámbito de aplicación
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