CODIGO DE MINERIA COMENTADO - EDMUNDO CATALANO

Art. 10
EDMUNDO F. CATALANO
A diferencia de los sistemas europeos del tipo francés e italiano, en que la
administración pública goza de amplias facultades para escoger la persona del
concesionario y determinar las condiciones particulares de la concesión, en el
derecho argentino, que sigue la tradición jurídica hispanoamericana, la concesión
es exclusivamente obra de la ley. La autoridad minera, por consiguiente,
carece de atribuciones para determinar preferencias entre distintos aspirantes y
también para fijar al concesionario condiciones que no sean las que taxativamente
establece el Código.
Tal es el alcance de la expresión concesión legal: concesionario designado
de antemano por la ley y condiciones de la concesión preestablecidas en el
Código.
La concesión minera, que difiere por esta condición especial de las concesiones
administrativas, tiene los siguientes caracteres: es legal y no contractual; no
implica delegación de facultades inherentes a la administración pública como
en las concesiones de servicios públicos o de obra pública; es gratuita, excepto
las antiguas concesiones petroleras otorgadas bajo el régimen de la antigua ley
12.161 en las que el Estado percibe regalías; es transmisible, tanto por actos entre
vivos como por causa de muerte; es exclusiva, ya que no admite dos concesionarios
dentro de la misma área ni siquiera para sustancias distintas, salvo
situaciones de excepción; es, finalmente, de duración ilimitada, en tanto el concesionario
cumpla con las condiciones de amparo fijadas por la ley.
Debe señalarse que la circunstancia de ser puramente legal la concesión en el
derecho argentino, no autoriza al interesado que se considera encuadrado en
los términos de la ley a ejercer por sí su derecho. Es menester que su pretensión
se convalide con un acto jurisdiccional de la autoridad minera: el registro de su
solicitud de mina. La autoridad, aceptando el registro, reconoce en el registrador
el carácter de concesionario de la ley. El registro constituye de tal modo el
ejercicio del poder de policía del Estado, el medio jurídico instituido por el Código
para mantener el orden público y fijar los derechos entre los diversos solicitantes
que pretenden prioridad.
Resulta de importancia fundamental en este tema de la propiedad de las minas,
extenderse un poco para analizar la importante reforma introducida en el
año 1980 al texto del antiguo artículo 10, en cuanto declara la inalienabilidad
del dominio minero del Estado y formular, al mismo tiempo, algunas consideraciones
acerca de la llamada "propiedad particular de las minas", expresión
incorrecta ésta que, aún después de la reforma, perdura en el Código.
En el moderno derecho hispanoamericano son pocos los códigos que mantienen,
como el Código de Minería argentino, las viejas instituciones de la "propiedad
particular de las minas" y de la "pertenencia", conceptos éstos que han
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