CODIGO DE MINERIA COMENTADO - EDMUNDO CATALANO

EDMUNDO F. CAÍ ALANO
establecer, mediante una ley, el dueño originario de los recursos mineros, prevaleció
durante varias décadas en la República y tuvo el reconocimiento de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en vanos fallos, admitió que el tema
de la asignación de las minas a la Nación o a las provincias, no versaba
sobre una desmembración del territorio, sino respecto al dominio y el aprovechamiento
de un recurso cuya regulación la Carta Magna había puesto en manos
del Poder Legislativo nacional.
En realidad, el verdadero tema que se mantenía yacente en este debate político-institucional,
residía en la capacidad de las provincias para administrar la
política petrolera nacional, la que podía verse afectada si las provincias aplicaban
criterios encontrados en la administración y explotación de estos recursos.
Este riesgo podía ser cierto pero era superable si la ley nacional que debía regular
esta materia, conforme a lo dispuesto en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución
Nacional, conciliaba la atribución de ese dominio, atribuido a las
provincias, con la regulación legal de su uso y disposición asignada al Congreso
por la norma constitucional antes citada. Podía asegurarse, de este modo, a través
de la ley federal, la unidad de la política petrolera sin que resultara afectada
la capacidad de las provincias para disponer y administrar sus propios recursos.
La intención del legislador, al sancionar la ley 24.145 de federalización de
los hidrocarburos y, luego, la del constituyente de 1994, al reconocer a las provincias,
a través del artículo 124 de la Constitución Nacional, la propiedad originaria
de sus recursos naturales, entre los cuales se cuentan los hidrocarburos,
ha sido ésa y resulta una decisión sensata y ajustada al grado de evolución política
e institucional alcanzada por la sociedad argentina en esta materia.
La ley 24.145, promulgada en el año 1992, cuya normativa transcribiremos
más adelante, no constituye una regulación estrictamente minera. Su contenido
fundamental está dirigido a la privatización de la actividad petrolera fiscal, encarada
por Y.P.F. La federalización de los yacimientos de hidrocarburos constituye
el objetivo aparente para decidir la privatización. La federalización de los
yacimientos, o sea, su devolución a las provincias, es, por otra parte, nominal y
sólo se perfeccionará cuando se dicte la nueva ley petrolera que reemplazará a
la ley 17.319, según lo establece su artículo 22, y se extingan los contratos y actos
otorgáronos de los derechos sobre áreas petroleras comprometidos por la
Nación en las diferentes épocas. Si se tiene en cuenta que las zonas petroleras
más valiosas, conocidas hasta ahora en el país, están comprometidas en estos
actos, debe concluirse que han de pasar varios años antes de que se opere un
efectivo traspaso de los yacimientos de hidrocarburos a las provincias, como está
dispuesto. Cuando la nueva ley de hidrocarburos sea sancionada, sólo algunas
áreas de menor importancia y las nuevas que se descubran, integrarán su
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