CODIGO DE MINERIA COMENTADO - EDMUNDO CATALANO

DE LA ADQUISICIÓN DE LAS MINAS Art. 71
la mensura de la mina del registrador remiso, sino únicamente las otras cuyas
mensuras se encontraban postergadas a la espera de que aquélla definiera el terreno
sobrante. Ante la propia petición de mensura presentada por cualquier
interesado en tomar este terreno, correspondía que la autoridad minera intimara
al primer registrador, vencido el término de veinte días fijado en el artículo,
para que en el plazo máximo de cincuenta días ejecutara la labor legal y practicara
la diligencia, pasado el cual éste perdía su preferencia para la mensura y la
autoridad procedía a situar las demás minas interesadas. El sobrante del terreno
para la ubicación de estas minas, que no son sólo las situadas en la corrida del
criadero, se establecía en base a los antecedentes del pedirríénto y de las circunstancias
de hecho del lugar, ante la falta de labores y de una petición de mensura
en forma. El registrador, no obstante, podía en cualquier momento, mientras su
pedimento no hubiera caducado por denuncio en los términos del antiguo artículo
137, también derogado, solicitar la mensura de la mina, pero en tal caso
debía respetar las nuevas situaciones creadas.
En el nuevo texto, el procedimiento es distinto. El primer lugar, no se otorga
al registrador plazo de gracia alguno. En segundo lugar, la autoridad debe proceder
indispensablemente a la mensura de la mina del registrador remiso —que
en la versión anterior no era necesaria— y recién después ubicar en el sobrante
las restantes minas. Los derechos del descubridor se declaran caducos y la mina
vacante, no pudiendo ser solicitada por el anterior registrador hasta sesenta
días después de publicada la caducidad, por aplicación analógica del antiguo
artículo 156, actual artículo 232 del Código. Cabe consignar que al disponer el
nuevo artículo que la autoridad procederá a dar la mensura de oficio, no significa
que aquélla tenga que actuar por propia iniciativa. No existiría objeto
práctico en ejecutar esta diligencia costosa en un criadero aislado, posiblemente
carente de valor, cuyos trámites el propio interesado ha abandonado. Por otra
parte, no habría a quién imputar el costo de la diligencia. En suma, al mensurar
la mina la autoridad procede siempre impelida por los registradores vecinos, interesados
en medir sus propias minas en el terreno sobrante. Por lo tanto, la
mensura demorada de la mina es siempre consecuencia del propio pedido de un
tercero. Y lo que la autoridad fija de oficio, en los términos del artículo, es la
posición teórica en el terreno de sus pertenencias, a falta de petición del dueño.
Sobre el aspecto precedentemente señalado no existe acuerdo de procedimiento
en los distritos mineros. Algunos de ellos, comprobada la falta de presentación
de la solicitud de mensura, declaran caducos los derechos del
manifestante e inscriben como vacante el registro sin mensura, o la efectúan de
oficio, con cargo al solicitante, práctica ésta no utilizada actualmente en los distritos.
Otros, en cambio, mantienen abierto el procedimiento sin término, pos-
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