CODIGO DE MINERIA COMENTADO - EDMUNDO CATALANO

DE LAS MINAS Y SU DOMINIO Art. 7
— Una de las cuestiones más debatidas en el campo de la economía y del derecho,
es la relativa al dominio originario de las minas.
Las riquezas minerales, por sus variadas aplicaciones en las industrias y en
las artes, constituyen bienes indispensables para el desarrollo de las sociedades
modernas y su racional explotación y conservación son vigiladas celosamente
por los países, ya que forman parte de un patrimonio de difícil sustitución.
Aunque la estadística señala que cada Estado tiene la razonable expectativa
de poseer en su suelo una cantidad de recursos minerales proporcionada a su
superficie, lo cierto es que éstos son cada vez más escasos en el mundo, su agotamiento
constituye una regla inexorable de la economía minera y las posibilidades
de hallazgo de nuevas fuentes minerales se hacen cada vez más costosas,
cuando no más remotas.
La política legislativa de los Estados, desde hace ya mucho tiempo, se ha
orientado hacia la protección de estas fuentes de riqueza, calificando a la actividad
minera de interés público.
Como consecuencia de ello, ciertos principios fundamentales, considerados
esenciales para el desarrollo de esta industria, se han abierto paso en la legislación
e inspiran la estructura del derecho minero contemporáneo, a saber:
1. Los yacimientos minerales constituyen bienes inmuebles distintos y separados
del suelo que los contiene.
2. El Estado asume el dominio originario de estos bienes, que forman una
propiedad nueva.
3. Nadie puede explorar y explotar esta propiedad sin el consentimiento del
Estado, su dueño originario, y en las condiciones que fija la ley.
4. La explotación minera es de interés público. El Estado, en consecuencia,
vela por la conservación y racional explotación de las fuentes minerales y el
normal abastecimiento de las industrias usuarias.
5. La industria minera, además, goza del privilegio de utilidad pública. La
propiedad inmueble y las industrias del suelo quedan sujetas a limitaciones legales
para facilitar su desenvolvimiento.
La atribución al Estado del dominio originario de las minas constituye el'
punto de partida necesario de la legislación. No existiría, desde luego, la legislación
específtca si las minas pertenecieran al dueño del terreno en que se
encuentran.
La declaración sobre la dominialidad minera, que figura en el frontispicio de
cada ley, tiene profundas implicancias políticas, económicas y jurídicas.
El Estado, en casi todos los países, asume el dominio de los recursos minerales
con fines de conservación de la riqueza y de protección del interés público.
Su intervención, por lo tanto, no sólo tiene por objeto posibilitar las reglas de
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