CODIGO DE MINERIA COMENTADO - EDMUNDO CATALANO

Art. 7
EDMUNDO F. CATALANO
yo cargo estuvo la explotación del yacimiento de carbón de Río Turbio. El decreto-ley
22.477/56 declaró bienes privados no enajenables del Estado nacional
o de las provincias, los yacimientos nucleares, encomendando su explotación y
administración.a la Comisión Nacional de Energía Atómica. En todos estos actos
de explotación y apropiación de los recursos minerales, el Estado actuó como
ente centralizado de carácter público. Además de estas disposiciones
derogatorias, la ley 12.709, del año 1941, facultó a la Dirección General de Fabricaciones
Militares, entidad estatal de derecho público y privado, a explotar
en los mismos términos que los particulares, yacimientos de cobre, hierro, manganeso,
wolfram, aluminio y berilio y demás materias necesarias para la fabricación
de materiales de guerra. A la vez, la ley 14.771 crea Yacimientos
Mineros Aguas de Dionisio, al que se le concede la explotación del yacimiento
de Farrellón Negro, Catamarca. Asimismo, la ley 14.773 estableció la propiedad
nacional, inalienable e imprescriptible, de los yacimientos de hidrocarburos
sólidos, líquidos y gaseosos y el monopolio de la explotación fiscal federal. Por
su parte, la ley 24.145, promulgada en el año 1992, transfirió el dominio público
de los yacimientos de hidrocarburos del Estado nacional a favor de las provincias
en cuyos territorios se encuentran situados, dominio que le había
asignado la ley 17.319 a aquélla, con el carácter de inalienable e imprescriptible.
A su vez, diversas normas provinciales dieron nacimiento a empresas mineras
estatales, o de economía mixta o a entidades mineras descentralizadas, a las
que se facultó para explorar y explotar minas.
El régimen de la propiedad virtual de las minas y la prohibición sancionada
contra el Estado de participar en los negocios mineros conforme al artículo 9
del Código, que más adelante veremos, han quedado profundamente alterados,
conforme a estas nuevas leyes y respecto a esas empresas y organismos descentralizados.
Es evidente que el sistema regalista o del patronato minero continuó
rigiendo para un buen número de sustancias minerales no comprendido en estas
leyes, pero resulta claro que con respecto a otras sus disposiciones se han atenuado
o se ha abierto paso el sistema dominial, con el alcance que hemos explicado.
Parte de estas normas ha perdido vigencia a través de los años, pero lo
que interesa destacar son los principios que las han inspirado.
Además de la cuestión sobre la naturaleza del dominio originario de las minas,
el artículo 7 decide el problema jurisdiccional de la división del patrimonio
minero entre la Nación y las provincias, temas respecto a los cuales la Constitución
de 1853 no se había pronunciado en forrha expresa. La ley nacional del 26
de agosto de 1875, que dispuso la preparación del Código de Minería, fijó el
principio de que las minas eran bienes privados de la Nación o de las provincias,
según el lugar de su ubicación, concepto que concordaba, según vimos,
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