CODIGO DE MINERIA COMENTADO - EDMUNDO CATALANO

Art. 7
EDMUNDO F. CATALANO
ñas, no de su afectación o destino, que es originariamente perpetuo y por lo
tanto no puede desafectarse como en los servicios públicos, sino de la propia
característica irreemplazable de estos bienes.
Puede concluirse, entonces, que la inclusión de las minas en la categoría de
bienes privados del Estado no se conforma a la naturaleza propia y origen del
bien ni a su destino perpetuo de servir al interés de la colectividad.
Resulta claro, por otra parte, que no es de competencia del Código Civil establecer
la naturaleza del dominio minero del Estado. La aceptación de una calificación
civilista importaría ligar el dominio a una concepción privatista,
cuyas consecuencias para el interés público y para el ulterior desarrollo de la legislación
específica pueden ser graves, por las ataduras que el concepto supone.
Una definición del dominio minero del Estado, formulada por la ley civil, importaría
invadir un campo que está reservado por mandato constitucional, a la
legislación autónoma. En consecuencia, nunca podría ser impuesta al legislador
minero como fórmula necesaria e insoslayable, aunque el Código de Minería
podría concordar con ella.
La importancia que han adquirido los recursos minerales en el desenvolvimiento
de las sociedades modernas indica que éstos no pueden ser considerados
bienes privados del Estado o de los particulares, ya que en una u otra forma
podría hacerse de ellos un uso contrario al interés de la colectividad.
Cuando el interés privado entra en conflicto con el interés público, el Estado
debe poseer el derecho de tomar los bienes de utilidad común y conservarlos en
su dominio absoluto.
Los bienes de dominio público están sustraídos al régimen de la propiedad
privada y se rigen por las leyes y los reglamentos administrativos. En cada caso
la ley determina el régimen jurídico aplicable teniendo en cuenta su propia naturaleza
y el destino de uso común o privativo a que deben afectarse.
Los caracteres del dominio público son la inahenabilidad y la imprescriptibilidad.
La enajenación del dominio le haría perder su principal característica de
estar destinado a servir al uso directo o indirecto de la colectividad.
Todos los bienes públicos a que se refiere el artículo 2340 del Código Civil,
como los mares, ríos, playas, calles, plazas, caminos, así como toda obra pública
que sirva a la utilidad o comodidad común, los documentos oficiales del Estado,
las ruinas y los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés
científico, tienen esa común característica de servir a los intereses generales por
lo cual, como dice la nota inserta a dicho artículo, es conveniente que el Estado
sea propietario y regulador del uso de ellos.
¿Conforman las riquezas minerales, por el uso a que están destinadas, bienes
del dominio público?
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