CODIGO DE MINERIA COMENTADO - EDMUNDO CATALANO

Are. 1
EDMUNDO F. CATALANO
procesos contenciosos y contenían escasas normas ele aplicación general. La labor
de la jurisprudencia administrativa minera debió cubrir estos vacíos señalando
la norma supletoria de aplicación en estos casos, lo cual por cierto no
constituía una garantía absoluta del debido proceso.
Por ello, resultó urgente llenar estas falencias sancionando algunas normas
formales, complementarias del procedimiento sustancial.
Es así como la Nación, que mantenía entonces bajo su jurisdicción los territorios
nacionales, ricos en recursos minerales, dictó el decreto del 10 de
enero de 1924, relativo al procedimiento para la concesión de permisos de
exploración o cateo. Este decreto, de aplicación sólo a esos territorios, contiene
algunos excesos que lo hacen objetable desde el punto de vista de la
primacía de la Constitución y de las leyes sancionadas por el Congreso. Por
ejemplo, disponía que las zonas solicitadas para la exploración debían coincidir
con los cuadrados de 100 hectáreas en que se dividían los territorios nacionales.
Estableció, asimismo, que la relación entre la longitud y el ancho del permiso
no debía exceder de 5. También implicó una invasión a los derechos de
fondo la exigencia de declarar la maquinaria y los elementos de trabajo que se
emplearían en la exploración, o cuando exigió la prueba de la solvencia y capacidad
económica en los casos de solicitarse plazos ampliatorios para el trámite
de la solicitud. Ninguna de estas exigencias, algunas de las cuales tenían
en vista la industria petrolera, estaban contempladas en el Código y, por lo
tanto, su constitucionalídad era discutible, ya que invadía aspectos reservados
al Congreso.
Muchas de estas disposiciones de la jurisprudencia administrativa nacional
han sido incorporadas a los códigos procesales mineros provinciales en abierta
oposición a lo prescripto por el derecho de fondo. A su vez, las provincias se
han encargado de agregar otras tomadas de la práctica procesal nacional o de
la experiencia propia. Así, se ha generalizado el criterio conforme al cual no
puede solicitarse la misma zona de cateo por un tercero sino después de transcurridos
treinta días de la caducidad del permiso anterior. Tampoco la misma
persona podía repetir su solicitud sobre la zona hasta pasados sesenta días de
esa caducidad. Se prohibía, también, conceder al mismo interesado cáteos contiguos
debiendo quedar entre uno y otro la distancia mínima de 2.000 metros.
Algunos códigos procesales autorizan a rechazar la solicitud de permiso cuando
se superpone en más de la quinta parte a otro cateo vigente.
Evidentemente, estas normas tenían poco de procesales y resultan inconstitucionales
porque limitan el ejeícicio del derecho de fondo, aunque en muchos casos
se propongan evitar el acaparamiento. También con esta mira, otros
códigos procesales autorizaban a revocar de oficio los permisos de cateo en los
36