CODIGO DE MINERIA COMENTADO - EDMUNDO CATALANO

DE LA ADQUISICIÓN DE LAS MINAS
Kn. S4
Cabe señalar que la disposición comentada, que tiende a preservar la continuidad
del trabajo minero, por razones de interés público, evitando interrupciones
gravosas a la actividad, nada tiene que ver con el antiguo régimen del
trabajo obligatorio del Código. Su fundamento reside en la condición de utilidad
general de la industria minera, en las dificultades que ocasiona suspender y
reanudar los trabajos y en la necesidad de proteger los intereses del consumo,
que es la verdadera razón de la utilidad de esta industria.
La designación de interventores, prevista en el artículo 54, compete exclusivamente
a los jueces, aunque el texto del artículo comentado parece atribuir esa
facultad a los reclamantes. Estos, sin embargo, no podrían nunca actuar por sí
mismos, tomar injerencia en administración ajena y asumir poderes que corresponden
a la autoridad. El litigante propone el interventor, que debe ser persona
de su confianza, y el juez lo designa. Otra forma de nombramiento, sería desconocida
por el intervenido.
Este artículo, cuyas previsiones son tan importantes para mantener y respaldar
a ¡a minería activa, tiene su fuente en el artículo 21 de las Ordenanzas de México,
el cual también prohibía, como lo hace el nuestro, paralizar el laboreo de la mina
por cuestiones ajenas al trabajo minero en sí. "Por ninguna causa ni motivo —decía
ese artículo— se ha de cerrar labores aunque lo pida alguna de las partes, y
únicamente se pondrá Interventor a satisfacción del que lo pidiere; pero sin quitar
de la mina al que la estuviere poseyendo, bien que, si éste ofreciere fianzas suficientes
y a satisfacción de su contrario, se podrá excusar el Interventor".
Resulta clara, por lo tanto, frente a estos antecedentes legales, la forma de
proceder de la autoridad en el caso de las minas litigiosas y la conveniencia
general de actuar de ese modo. El interés del reclamante, de no resultar burlado
después del pleito, se satisface con el interventor por él propuesto. En
cuanto al interés de la comunidad, que es el interés de la industria consumidora
de minerales, queda satisfecho con la prosecución de los trabajos, que
nadie puede impedir por ninguna causa o motivo, salvo en los casos contemplados
en el artículo 17 y en algunas situaciones especiales que hemos mencionado
más arriba.
En lo que respecta a las facultades de este interventor, son bastante limitadas.
Ya lo decía el comentarista Gamboa en su exposición sobre las ordenanzas de
minería. Se trata, sólo, de un "testigo autorizado" para llevar razón de los gastos
y productos de la mina intervenida. Más que un interventor, sería un veedor
que vigila las operaciones y actividades de la empresa. Sus atribuciones no
son las de un administrador, sino las de un inspector, para comprobar las entradas
y gastos, evitar ocultamienros dolosos e, incluso, la explotación ruinosa
de la mina, pero le está prohibido introducirse en ia dirección de los trabajos.
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