CODIGO DE MINERIA COMENTADO - EDMUNDO CATALANO

DE LAS MINAS Y SU DOMINIO Art. 1
En el año 1818 el gobernador Diego Barrenechea, de La Rioja, dictó un
bando o reglamento, que ponía el registro minero a cargo del alcalde de minas
y del escribano de minas. En el año 1829, el general Paz nombra un juez de minas
en Pocho, Córdoba, que formaría una matrícula de todos los mineros del
lugar. Otro decreto del año 1834, ratificado diez años después, dispuso que todos
los individuos dedicados al ramo de la minería, en la provincia, formarían
una corporación que tendría un juez distinto, a quien estarían sujetos en todo
lo que tuviera relación con esta profesión. Para gozar de este privilegio los mineros
debían estar matriculados. Las atribuciones del juez de minas comprendían
no sólo los asuntos de interés privado sino" todo lo que se encontrare
dentro de las Ordenanzas de México, cuyas normas se habían mandado observar
por decretos anteriores. En 1847 se dispuso que los descubrimientos en los
Departamentos de Punilla y Pocho se denunciaran ante el juez de minas, debiendo
éste dar el amparo y posesión con arreglo a las Ordenanzas, activar los
trabajos en cuanto fuere posible, llevar un registro de mineros y proponer al gobierno
las medidas necesarias para el adelantamiento del ramo de |a minería. A
su vez, en 1855, se dispuso que las minas de carbón, como cualquier otra mina
de metal, podían ser denunciadas ante el gobierno o ante los jueces de minas de
los Departamentos de Pocho y Calamuchita. Estas autoridades mineras, contrariamente
a lo que disponían las Ordenanzas, no eran electivas.
Un decreto dictado en el año 1862 por Domingo F. Sarmiento, como gobernador
interino de San Juan, designa por primera vez diputado de minas de la
provincia a don Domingo de Oro, conforme a las Ordenanzas. Este nombramiento
se dispuso "oídos los mineros residentes en la ciudad", los cuales autorizaron
al gobierno para dicha designación "por requerir el crédito de la
minería que su administración este confiada a individuos de su elección". El decreto
dispuso que los denuncios de minas, las peticiones de mensura, la facultad
para disfrutar de minas, etc. se hicieran ante el diputado de minas, al que correspondía
también dirimir todas las cuestiones que surgieran en el acto de darse
la posesión legal de las minas en cuanto a la posesión. Lo contencioso civil o
comercial en materia minera correspondía, en cambio, a los tribunales ordinarios.
En informe dirigido el mismo año 1862 al Gobierno Nacional, Sarmiento
aclaraba que el diputado de minas no era juez de primera instancia, o sea, justicia
ordinaria, sino que tenía todas las facultades que las Ordenanzas atribuían
al Real Tribunal de Minería y a los diputados de minas en lo gubernativo, directivo
y económico, o sea, que era un juez de minas en todo lo relacionado con
la materia concedente.
Recordemos que dos años antes, en 1860, el Gobierno de la Confederación
había comisionado al mismo Domingo de Oro para que estudiara las condicio-
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