CODIGO DE MINERIA COMENTADO - EDMUNDO CATALANO

Art. 18
EDMUNDO F. CATALANO
— Las concesiones de explotación otorgan a los particulares un derecho de
naturaleza real e inmobiliaria que, en algunos aspectos, se parece al de la propiedad
inmobiliaria común. Este derecho es absoluto, desde que el único arbitro
de la explotación, en el sentido técnico, es el concesionario; exclusivo, ya
que se ejerce crga omues, incluso contra el Estado; y de duración ilimitada,
puesto que el usufructo otorgado por la ley no tiene limitación de tiempo, pudiendo
ejercerse hasta el agotamiento del mineral de la concesión.
Debe señalarse, no obstante, que la asimilación entre ambos derechos no es
perfecta y ello deriva de que la explotación está sometida a ciertas condiciones
que no rigen para la propiedad común y que han sido dispuestas con el propósito
de tutelar el interés público. Las más importantes son, precisamente, las
condiciones de amparo establecidas en el Título 12, Sección 1, del Código, condiciones
que conciernen a la vigencia del derecho de explotar la mina y cuyo incumplimiento
por el concesionario determina la caducidad de las facultades
conferidas por el acto de la concesión.
En punto al carácter temporario o perpetuo del derecho de explotación la legislación
comparada, antigua y moderna, ha dado soluciones diversas. Ello demuestra
que la perpetuidad no es una condición indispensable para dar
verdadero impulso a la minería. El progreso de ésta parecería depender, más
bien, de las garantías jurídicas generales que se brinden a la explotación que del
carácter transitorio o permanente del derecho. Uno de los argumentos que se
han invocado contra las concesiones perpetuas es que las compañías, seguras de
su porvenir y de la inviolabilidad de sus derechos, procuran producir poco y
vender caro. La defensa del interés público contra una política de monopolio
es, precisamente, fijar un plazo de duración a las concesiones que obraría de estímulo
para aumentar la producción.
Son otorgadas por tiempo ilimitado las concesiones mineras del Código de
Minería, incluso las de hidrocarburos, bajo la vigencia de la ley 12.161. En
cambio, las concesiones petroleras de la ley 17.319 se otorgan por tiempo limitado,
lo mismo que los contratos de explotación de minerales nucleares otorgados,
antes de la reforma de 1995, conforme al decreto-ley 22.477/56 y los
regulados por el antiguo Título 19 que, en definitiva, constituyen contratos de
concesión administrativos. Esto indica que las soluciones han sido también diversas
en nuestra legislación.
Debe señalarse que el hecho de otorgarse la concesión por tiempo ilimitado
no impide que, constatado el agotamiento del mineral por la autoridad minera,
ésta disponga la cancelación del derecho otorgado al concesionario, ya que dejaría
de existir el fundamento de utilidad pública que lo justifica, en los términos
del artículo 13 del Código. Esta práctica, sin embargo, no ha sido
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