CODIGO DE MINERIA COMENTADO - EDMUNDO CATALANO

LEY 17.319 - ANTECEDENTES HISTÓRICOS
dominio originario y quedarán sujetas a la legislación que se dicte. Las demás,
se transferirán posiblemente con los yacimientos agotados, o muy disminuidos
en su capacidad productiva, tras varios años de explotación realizada bajo los
contratos vigentes, concertados por el gobierno de la Nación.
Debe señalarse, por otra parte, que esta ley transfirió a las provincias los yacimientos
de hidrocarburos denominados costeros, esto es, los situados hasta
12 millas marinas medidas desde la costa. Los ubicados a partir del límite exterior
del mar territorial, o sea, desde esas 12 millas, en la plataforma continental
o hasta las 200 millas marinas, en su caso, se mantienen en el dominio originario
de la Nación, conforme a la distribución jurisdiccional de los respectivos espacios
marítimos establecida.
En lo que respecta a la privatización de Y.P.F., dispuesta por la ley 24.145,
ésta se ha venido cumpliendo de acuerdo con los términos legales. En el mes de
enero de 1999 se concretó la venta del 14,99% de las acciones de la anterior tenencia
del 20% que mantenía el Estado nacional, a favor de REPSÜL, una compañía
petrolera y química de carácter mixto, de origen español y en el mes de
jumo del mismo año esta empresa adquirió la mayor parte de las acciones remanentes
en manos de personas privadas y entidades nacionales y extranjeras, asegurándose
un porcentaje del orden del 98% del capital social, pasando de este
modo a detentar el 48% de la producción de crudo del país, el 43% de la producción
de gas natural, el 51% del gas licuado y el 60% de la capacidad de refinación.
El Estado nacional conserva acciones que le confieren la facultad de veto de
las decisiones del directorio, en los términos del art. 8 de la ley.
Con anterioridad a la sanción de la ley 24.145, el Poder Ejecutivo nacional
había dictado los decretos 1055, 1212 y 1589, en el año 1989, que desregularon
la industria petrolera, implantando un régimen de libertad de precios, de
importación y exportación, de refinación e instalación de bocas de expendio del
combustible, fundado en las disposiciones de la ley 23.696, de Reforma del Estado.
Estos decretos, considerados de fundamental importancia ya que señalan
los grandes rumbos de la nueva política petrolera, adoptados a partir de esa
época, se procura incorporarlos al texto de la nueva ley de hidrocarburos que
sustituirá a la 17.319 y que se encuentra pendiente de sanción. El objetivo buscado
es asegurar la permanencia de esa política, dándole adecuado sustento legal.
En materia de regulación del gas, el servicio público de transporte y distribución
al usuario, se rige por las disposiciones de la nueva ley 24.076, dictada en
el año 1992, en tanto que la producción del gas, su captación y tratamiento, se
siguen gobernando por la normativa de la ley 17.319 de hidrocarburos. A este
respecto la ley 24.076 dispone que el transporte y distribución del gas serán efectuados
por personas jurídicas de derecho privado a las que el Poder Ejecutivo
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