CODIGO DE MINERIA COMENTADO - EDMUNDO CATALANO

Art. 1
EDMUNDO F. CATALANO
se integraba, al efecto, con dos conjucccs, también mineros. La decisión, en este
caso, era definitiva.
Los asuntos civiles, comerciales y criminales vinculados a la minería eran de
competencia de las respectivas justicias reales que, de este modo, entendían en
todo lo que las Ordenanzas no atribuían a las diputaciones territoriales.
Además de sus funciones de jueces de minas, los diputados territoriales tenían
atribuciones gubernativas y directivas para promover, dentro de su asiento, el progreso
de la minería y la mejor administración de justicia, sin perjuicio de lo que era
privativo del Real Tribunal. Este, por otra parte tenía, como los diputados, atribuciones
de jueces de minas, pero sólo dentro de un radio muy limitado de su sede.
Como vemos, la organización de la autoridad minera colonial, en la última
época, era de carácter electivo, descentralizada y ejercida por los propios mineros.
Sólo por excepción, en algún caso el tribunal se integraba con un juez de la
justicia ordinaria. Las Ordenanzas de México se apartaron, de este modo, de lo
dispuesto por la Recopilación de Indias que atribuyeron las facultades de autoridad
minera a los alcaldes mayores y corregidores, que eran funcionarios judiciales,
con apelación ante la Real Audiencia. Tampoco siguieron el sistema de
las Ordenanzas del Perú que asignaron esas funciones a los alcaldes mayores de
minas y a los alcaldes veedores, estos últimos en las tareas de policía minera. En
la designación de estas autoridades no participaban los mineros, como lo establecieron
luego las Ordenanzas de México.
La organización de la autoridad minera, en la forma prevista por estas Ordenanzas,
no llegó a aplicarse totalmente en el Virreinato del Río de la Plata,
dado el escaso desarrollo que ofrecía la minería colonial en esta parte del territorio
americano. Sin embargo, dejó su simiente en algunos modelos de organización
adoptados por ciertas provincias.
Chile, en cambio, creó un cuerpo menor denominado Real Administración
del Importante Cuerpo de Minería en reemplazo del Real Tribunal y estableció
además un diputado por cada asiento de minas, hasta que en el año 1824 las
funciones de autoridad minera fueron asignadas a los jueces letrados de la justicia,
atribución que todavía subsiste.
Producida la Revolución de Mayo, las Ordenanzas de México continuaron
aplicándose en el país, con las modificaciones que les introdujeron los gobiernos
locales.
El Reglamento del 7 de Mayo de 1813, sancionado por la Asamblea, dejó
establecido que se crearía un Tribunal de Minería en la Villa de Potosí y en los
demás lugares que juzgara necesario el Poder Ejecutivo, bajo las reglas adoptadas
para igual establecimiento en México y con las mejoras que se considerasen
más convenientes, para mayor fomento y comodidad de los mineros.
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