CODIGO DE MINERIA COMENTADO - EDMUNDO CATALANO

Art. 1
EDMUNDO F. CATALANO
la especial circunstancia de encontrarse sometidos los bienes mineros, cualquiera
fuere su ubicación territorial, a la exclusiva legislación del Congreso nacional
el que puede disponer, sin limitación alguna, salvo las que derivan de la propia
Constitución, respecto al destino final de estos bienes, o sea, el régimen de su
concesión o explotación, preservando las bases del dominio originario atribuido
ahora en forma exclusiva a las provincias por imperio de lo dispuesto en el
referido artículo 124 de la Constitución, agregado por la reforma de 1994.
Puede determinarse, de este modo, en nuestro sistema de derecho público y
constitucional vinculado a la minería, la existencia de una jurisdicción en el
sentido amplio —la jurisdicción legislativa— que es exclusivamente nacional y
se encuentra establecida en los artículos 75, inciso 12, y 126 de la Constitución,
en virtud de la cual corresponde al Congreso establecer el régimen jurídico de
explotación de los recursos minerales en todo el país, prohibiendo a ¡as provincias
hacerlo, una vez que ese régimen haya sido establecido, listas normas constitucionales,
según vimos, son el origen inmediato del Código. También existe,
como derivación de aquélla, una jurisdicción concedente, que es propia e inseparable
del órgano político que ha sido investido por la Constitución y por el
Código, del dominio originario de las minas.
En virtud de la potestad o jurisdicción legislativa delegada por la Constitución
al Congreso, compete a éste, en forma exclusiva:
1. Determinar las distintas categorías de minas, respetando las bases del dominio
originario fijadas en la Constitución.
2. Establecer las condiciones legales bajo las cuales será permitida su exploración
y explotación.
3." Reglar las demás relaciones de derecho público y privado que son consecuencia
de la explotación y el trabajo de las minas (servidumbres, expropiaciones,
responsabilidades, canon y demás condiciones de amparo, policía minera,
estadística, protección de los recursos minerales y del ambiente y otras).
En punto al tema de la jurisdicción concedente respecto a las minas, desde
que la potestad de distribución es inseparable del dominio originario, su ejercicio
corresponderá a la Nación, o a las provincias, según el órgano político que
haya sido investido de esa propiedad originaria. Dada la distribución del patrimonio
minero entre la Nación y las provincias, de acuerdo a su ubicación geográfica,
que fijan los artículos 124 de la Constitución y 7 del Código, para la
totalidad de las sustancias minerales, esa jurisdicción concedente será también,
sin excepciones, nacional o provincial, según el lugar en que las minas estuvieren
situadas.
Con respecto a las autoridades mineras que la Nación y las provincias deben
organizar, en virtud de su autonomía, para la administración de los bienes de
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