CODIGO DE MINERIA COMENTADO - EDMUNDO CATALANO

Art. 213
EDMUNDO F. CATALANO
cuales no han cumplido su función de estímulo de la actividad, atribuible en
gran parte a la falta de un verdadero control, por parte del Estado, de las obligaciones
de trabajo e inversión, que lo complementan. Se considera que un sistema
de canon progresivo, fijado como único sistema de amparo, el cual se
incrementa considerablemente a medida que transcurre el tiempo y la concesión
se mantiene inactiva, constituye el mecanismo más idóneo y eficaz para asegurar
que los fines económicos de la concesión serán cumplidos, desde que estimula
y premia al que trabaja, imponiéndole un canon módico, y castiga al que
mantiene la mina inactiva con un canon progresivamente elevado hasta desalentar
la tenencia ociosa del derecho y provocar el abandono de la concesión,
cuando su monto alcanza cifras importantes. El sistema, además de incentivar
el trabajo, permite al Estado un adecuado control sobre la actividad minera, a
través de sus padrones de recaudación del canon, y no es discriminatorio, désele
que establece una condición objetiva única —el pago del canon— como causal
de caducidad de la concesión.
En nuestro país, a los defectos propios del sistema mixto de amparo adoptado,
de canon fijo, inversión de capital y explotación continuada de la mina,
estas dos últimas de difícil control por la autoridad, se suma el sistema concesional
establecido, que promueve la concesión de minas sobre riquezas no demostradas,
como hemos tenido oportunidad de puntualizarlo en páginas
anteriores. Ningún sistema de amparo, por más riguroso y perfecto que fuera,
podrá movilizar esas minas, cuyo verdadero valor industrial no ha sido evidenciado
antes de su concesión legal, como lo prueba la elevadísima cantidad
de concesiones abandonadas o vacantes que pueblan nuestros padrones de minas.
Insistir en el sistema del canon e imponer exigencias de trabajo e inversión
para incentivar el laboreo de las minas, constituye una pretensión inútil del
legislador, condenada al fracaso, mientras no se remuevan drásticamente los
mecanismos que permiten otorgar concesiones sobre supuestas minas cuyas
perspectivas de explotación no están acreditadas.
El artículo 213 del Código, incorporado por la reforma de la ley 10.273,
sancionada en el año 1917, que comentaremos brevemente, dispone que el canon,
establecido como una de las condiciones de amparo, será fijado periódicamente
por ley nacional, ya que forma parte del sistema de vigencia de las
concesiones mineras regulado por el Código y no podría quedar librado a las
reglamentaciones locales, sin poner en peligro la existencia del derecho mismo.
Desde la oportunidad en que se puso en vigor el canon, a través de la ley citada,
su monto se mantuvo invariable hasta la sanción de la ley 21.593, del año
1977, que actualizó su importe, delegando al Poder Ejecutivo nacional la facultad
de actualizarlo anualmente con carácter general. Esta norma subsistió hasta
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