CODIGO DE MINERIA COMENTADO - EDMUNDO CATALANO

Art. 213
EDMUNDO F. CATALANO
conservación de las concesiones en el derecho hispanoamericano colonial y de
los primeros códigos posteriores a la Emancipación, haremos un breve comentario
del sistema, antes de explicar cada una de las disposiciones establecidas en
esta Sección en su reemplazo.
En el régimen del Código de Minería, anterior a la reforma introducida por
la ley 10.273, las minas eran concedidas a los particulares mediante la obligación
de trabajarlas con un mínimo de cuatro operarios por pertenencia durante
230 días en cada año. Esta condición de la concesión constituía una condición
de amparo y se denominaba pueble, porque suponía la presencia de población
en la mina aplicada exclusivamente a tareas productivas o auxiliares mineras.
La inobservancia, por el concesionario, de la condición de amparo,
constituía el acto de desamparo denominado despueble, que producía la caducidad
de la concesión por despoblada o desamparada. El despueble se refería
también en el Código al incumplimiento de cualquier condición de la
concesión que llevara aparejada esta pena.
La ley procuraba con el pueble o trabajo obligatorio por operarios, satisfacer
el objetivo de interés público de la concesión, manteniendo las minas en
constante actividad productiva.
Paralelamente a la obligación del pueble el Código había reglamentado el
juicio de despueble, capítulo que después de la reforma incorporada por la
ley 10.273, también ha perdido actualidad. Cualquier persona interesada en
adquirir una mina considerada despoblada podía denunciar el hecho ante la
autoridad minera pa,ra que, probado éste en juicio contradictorio común, se le
adjudicara la concesión. La vigilancia del cumplimiento de la condición de amparo
quedaba, de este modo, reservada a la iniciativa particular. No obstante,
la comprobación efectuada por la autoridad minera, por propia iniciativa, de
que la mina no mantenía los trabajos obligatorios, daba lugar a la imposición
de multas, aunque np acarreaban la caducidad del derecho de explotar.
La ley 10.273, puesta en vigencia el 1" de enero de 1919, derogó el régimen
del pueble o trabajo obligatorio por operarios, por considerarlo reñido con el
concepto social de la época y peligroso para la estabilidad de la concesión minera,
sometida a la constante amenaza del denuncio particular, formulado muchas
veces por aventureros que pretendían aprovechar el esfuerzo ajeno.
En reemplazo de este régimen, la ley 10.273 ha impuesto al concesionario
una doble condición de amparo, de cumplimiento obligatorio: el pago al Estado
nacional o provincial, según el lugar en que esté situada la mina, de un canon o
patente anual, cuyo monto aparece determinado en el actual artículo 215 del
Código, y la obligación de invertir en la mina un capital fijo, que establece el
artículo 217. Debe señalarse que la obligación de pago del canon tiene carácter
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