II, 1, 16- LIBRO ARBC vs VENEZUELA ANTE CIDH ANALISIS CRITICO 2014

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proceso penal en sí mismo, los señalamientos de culpabilidad por partede funcionarios tales como fiscales y procuradores no constituyen unaviolación a la presunción de inocencia, las declaraciones de estos funcionariosa la prensa, sin calificaciones o reservas, infringen la presunciónde inocencia en la medida en que fomenta que el público crea en la culpabilidadde la persona y prejuzga la evaluación de los hechos por unaautoridad judicial competente. 46 La Corte ha coincidido con este criterioy ha advertido que la presunción de inocencia exige que las autoridadesestatales sean discretas y prudentes al realizar declaraciones públicas sobreun proceso penal. 47110. La Corte ha reiterado en su jurisprudencia que las autoridadesestatales deben tener en cuenta que los funcionarios públicos tienen unaposición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, portanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos. 48 Este deber de especialcuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayorconflictividad social, alteraciones del orden público o polarización socialo política precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicarpara determinadas personas o grupos en un momento dado. 49 La presunciónde inocencia no impide que las autoridades mantengan debidamenteinformada a la sociedad sobre investigaciones penales, pero requiere quecuando lo hagan, guarden la debida discreción y circunspección necesariapara garantizar la presunción de inocencia de los posibles involucrados.50de octubre de 2002, y Khuzhin y otros vs. Rusia, Nº 13470/02, § 94, 23 de octubre de2008.46 TEDH, Allenet de Ribemont vs. Francia, 10 de febrero de 1995, § 41, Serie A Nº308. En este mismo sentido, Ismoilov and Others vs. Rusia, Nº 2947/06, § 161, 24 deabril de 2008.47 Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenciade 27 de noviembre de 2013. Serie C Nº 275, párr. 244.48 Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo ContenciosoAdministrativo”) Vs. Venezuela.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones yCostas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C Nº 182, párr. 131; Caso Ríos yotros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C Nº 194, párr. 139; Caso Perozo y otros Vs.Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de28 de enero de 2009. Serie C Nº 195, párr. 151; y Caso J Vs. Perú. Excepción Preliminar,Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de noviembre de 2013. SerieC Nº 262, párr. 247.49 Cfr. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo,Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C Nº 194, párr. 139;y Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo,Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C Nº 195, párr. 151.50 Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha indicado que: “The freedomof expression, guaranteed by Article 10 of the Convention, includes the freedom169
111. Ahora bien, en el presente caso, el hecho de que el libro del FiscalGeneral, titulado “Abril comienza en octubre”, saliera publicado enseptiembre de 2005, podría haber llevado a presumir la culpabilidad delseñor Brewer Carías en la redacción del llamado “Decreto Carmona”, todavez que la imputación formal en contra de la hoy presunta víctima porla fiscal a cargo se realizó en menos de un mes después, en octubre deese mismo año, cuestión que precisamente fue motivo de impugnaciónen el primer recurso de nulidad de 4 de octubre de 2005 cuando se realizabala etapa preliminar de investigación.112. No pasa inadvertido que según obra en autos, el Fiscal Generalde la República designó, el 28 de agosto de 2002, directamente, como“suplente especial” a la fiscal que precisamente realizara en octubre de2005 la imputación formal del señor Brewer Carías. 51 La posible violaciónal derecho de presunción de inocencia se hace más evidente en unrégimen de provisionalidad de fiscales —en el que existe libre designacióny remoción—, por lo que resultaba indispensable en el caso analizaresta situación estructural al poder dicha provisionalidad irradiar de maneranegativa en la autonomía de los fiscales y en el proceso penal correspondiente,lo que estimamos no puede pasar desapercibido para losjueces interamericanos.”258. La violación de mi derecho a la presunción de inocencia por el propioFiscal General de la República del momento, por tanto, quedó evidenciadoen este caso, al violar la regla fundamental que destacan los Jueces Ferrerto receive and impart information. Article 6 § 2 cannot therefore prevent the authoritiesfrom informing the public about criminal investigations in progress, but it requiresthat they do so with all the discretion and circumspection necessary if the presumptionof innocence is to be respected”. TEDH, Allenet de Ribemont Vs. Francia,10 de febrero de 1995, § 38, Serie A Nº 308. Ver asimismo, Caso J. Vs. Perú. ExcepciónPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de2013. Serie C Nº 275, párr. 247.51 A folios 979 del expediente principal consta el nombramiento respectivo, que a laletra dispone: “REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIOPÚBLICO. Despacho del Fiscal General de la República. Caracas, 28 de agosto de2002. Años 192º y 143º. RESOLUCIÓN Nº 539: JULIÁN ISAÍAS RODRÍGUEZDÍAZ, Fiscal General de la República, de conformidad con lo dispuesto en los artículos1 y 49 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y en virtud de que han resultadoinfructuosas las diligencias realizadas para la localización y posterior convocatoriadel Primer y Segundo Suplentes de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público a NivelNacional con competencia plena, quedando así agotada la lista de suplentes respectiva,designo SUPLENTE ESPECIAL a la ciudadana abogada LUISA ORTEGADÍAZ, titular de la cédula de identificación Nº 4.555.631, quien se viene desempeñandocomo Suplente Especial de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de laCircunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para que se encargue delreferido Despacho, actualmente vacante, desde el 01-09-2002 y hasta nuevas instruccionesde esta Superioridad. Regístrese, Comuníquese y Publíquese. JULIÁN ISA-ÍAS RODRÍGUEZ DÍAZ. Fiscal General de la República”.170
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