II, 1, 16- LIBRO ARBC vs VENEZUELA ANTE CIDH ANALISIS CRITICO 2014

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propio Fiscal General […] hab[ía] violentado directamente su garantía a lapresunción de inocencia, al haberlo condenado públicamente de antemano, alpublicar su libro ‘Abril comienza en octubre’”; iii) “ante el reclamo oportunohecho en sede jurisdiccional, sólo ha[bía] obtenido respuestas negativas [yq]ue esas respuestas negativas y muchas veces tardías del órgano jurisdiccionalha[bía]n constituido a su vez nuevas violaciones a sus garantías constitucionales”;iv) “se le cercenó el derecho de obtener el sobreseimiento en lafase intermedia del proceso”; v) “todo ello constituye la negación de unajusticia accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente,responsable, equitativa y expedita”, y vi) “la acusación en si misma ya es unacondena, cuyo objeto es castigar su crítica política e ideológica al proyectocon el que se pretende sojuzgar a Venezuela”.107. Lo señalado anteriormente, en especial el hecho de la publicación deun libro del Fiscal General titulado “Abril comienza en octubre” en el cual serefiere a ciertas versiones de una persona según las cuales el señor Brewersería el autor del “Decreto Carmona” y en el cual afirma que el señor BrewerCarías supuestamente habría estado en una reunión donde se redactó dichodecreto, se relaciona directamente con el derecho a las garantías judiciales,específicamente, el derecho de presunción de inocencia.108. En este sentido, cabe recordar la reciente jurisprudencia de la Corteen el caso J Vs. Perú, 101 donde establece claramente que:233. En el ámbito penal, la Corte Interamericana ha señalado que elprincipio de presunción de inocencia constituye un fundamento de lasgarantías judiciales 102 . La presunción de inocencia implica que el acusadono debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, yaque el onus probandi corresponde a quien acusa 103 y cualquier duda debeser usada en beneficio del acusado. Así, la demostración fehaciente de laculpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal,de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en elacusado 104 . Por otro lado, el principio de presunción de inocencia im-101 Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenciade 27 de noviembre de 2013. Serie C Nº 275.102 Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de1997. Serie C Nº 35. párr. 77; y Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo, Reparacionesy Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C Nº 233, párr. 128.103 Cfr. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenciade 31 de agosto de 2004. Serie C Nº 111, párr. 154; y Caso López Mendoza Vs. Venezuela.Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. SerieC Nº 233, párr. 128.104 En igual sentido se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos del Pacto deDerechos Civiles y Políticos. Comité de Derechos Humanos. Observación general N°32, El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia(HRI/GEN/1/Rev.9 (vol. I)), párr. 30.473
plica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebidade que el acusado ha cometido el delito que se le imputa 105 . (Resaltadoañadido).109. En este sentido, el Tribunal Interamericano, siguiendo lo establecidopor el Tribunal Europeo ha resaltado que la presunción de inocencia puedeser violada no sólo por los jueces o tribunales a cargo del proceso, sino tambiénpor otras autoridades públicas, 106 por lo cual las autoridades estatalesdeben elegir cuidadosamente sus palabras al declarar sobre un proceso penal,antes de que una persona o personas haya sido juzgada y condenada por eldelito respectivo. 107 Si bien en el marco del proceso penal en sí mismo, losseñalamientos de culpabilidad por parte de funcionarios tales como fiscales yprocuradores no constituyen una violación a la presunción de inocencia, lasdeclaraciones de estos funcionarios a la prensa, sin calificaciones o reservas,infringen la presunción de inocencia en la medida en que fomenta que elpúblico crea en la culpabilidad de la persona y prejuzga la evaluación de loshechos por una autoridad judicial competente. 108 La Corte ha coincidido coneste criterio y ha advertido que la presunción de inocencia exige que las autoridadesestatales sean discretas y prudentes al realizar declaraciones públicassobre un proceso penal. 109110. La Corte ha reiterado en su jurisprudencia que las autoridades estatalesdeben tener en cuenta que los funcionarios públicos tienen una posición de105 Cfr. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción preliminar, Fondo,Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C Nº 220,párr. 184; y Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C Nº 233, párr. 128.106 De esta forma, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que declaracionespor parte del Ministerio del Interior y altas autoridades policiales, del Presidentedel Parlamento, del Fiscal General u otras autoridades fiscales a cargo de la investigacióne inclusive de parte de un conocido General retirado, que a la vez eracandidato a gobernador, pero que no era un funcionario público al momento de susdeclaraciones, generaron violaciones a la presunción de inocencia en cada caso. Cfr.Allenet de Ribemont Vs. Francia, 10 de febrero de 1995, Serie A Nº 308; ButkeviciusVs. Lituania, Nº 48297/99, § 49, TEDH 2002-II (extractos); Daktaras Vs. Lituania,Nº 42095/98, § 42, TEDH 2000-X; Fatullayev Vs. Azerbaiyán, Nº 40984/07, § 160 y161, 22 de abril de 2010; Khuzhin y otros Vs. Rusia, Nº 13470/02, § 95, 23 de octubrede 2008, y Kuzmin Vs. Rusia, Nº 58939/00, § 59 a 69, 18 de marzo de 2010.107 Cfr. Daktaras Vs. Lithuania, Nº 42095/98, § 41, TEDH 2000-X; Butkevicius Vs.Lituania, Nº 48297/99, § 49, TEDH 2002-II (extractos); Ismoilov y otros Vs. Rusia,Nº 2947/06, § 166, 24 de abril de 2008; Böhmer Vs. Alemania, Nº 37568/97, §56, 3de octubre de 2002, y Khuzhin y otros vs. Rusia, Nº 13470/02, § 94, 23 de octubre de2008.108 TEDH, Allenet de Ribemont vs. Francia, 10 de febrero de 1995, § 41, Serie A Nº308. En este mismo sentido, Ismoilov and Others vs. Rusia, Nº 2947/06, § 161, 24 deabril de 2008.109 Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenciade 27 de noviembre de 2013. Serie C Nº 275, párr. 244.474
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EL CASO ALLAN R. BREWER-CARÍAS VS.
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