II, 1, 16- LIBRO ARBC vs VENEZUELA ANTE CIDH ANALISIS CRITICO 2014

tando el libre y responsable ejercicio profesional se genera una afectacióndel derecho a la debida defensa de quién es patrocinado por dicholetrado, o bien ya el asunto que es despacho bajo el formato de dictamen.[…]Como demuestran los hechos de este caso, según los planteamientosesgrimidos por la víctima en sus escritos ante la CIDH, el Estado venezolanocriminalizó una opinión jurídica que le fue solicitada al ProfesorBrewer-Carías, como él mismo lo ha dicho; opinión en la cual, porcierto, Brewer-Carías expresó sus dudas sobre la constitucionalidaddel decreto que se le sometió a su consideración, y que sin duda habíasido previamente redactado dentro de un contexto conflictivo. Esa meraopinión jurídica no lo puede convertir en cómplice o participe deconspiración alguna, pues los hechos del caso demuestran que no tuvoninguna vinculación personal con los involucrados, limitándose su actuacióncomo abogado a haber dado su opinión legal.Simplemente, el profesor Brewer-Carías fue consultado como abogadosobre una situación constitucional, dentro de un contexto conflictivo,actuando dentro del marco del ejercicio de su profesión y en su condiciónde experto en materia de derecho público.”312. En sentido coincidente con lo expresado por las Comisiones de DerechosHumanos de los Colegios de Abogados de Venezuela, se manifestaronante la Corte Interamericana, en sendos Amicus curiae que le fueron presentadospor la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo, laAsociación Dominicana de Derecho Constitucional, los profesores delForo Iberoamericano de Derecho Administrativo y los profesores de laAsociación Internacional de Derecho Administrativo. De la misma manera,la Federación Interamericana de Abogados en el Amicus curiae presentadoante la Corte, igualmente concluyó que:“3. De los hechos relevantes del caso, la FIA observa con extremapreocupación lo que podría configurarse como una criminalización indebidadel ejercicio libre de la profesión de abogado y respeto a las opinionesjurídicas que los abogados tienen derecho a expresar. El origen delproceso penal contra el profesor Brewer-Carías en 2005, en efecto, fue elhecho de haber sido consultado como abogado, tres años antes, en 2002,sobre la juridicidad del texto de un decreto de un gobierno de transición,habiéndose limitado en su actuación profesional a emitir la opinión jurídicaque le fue requerida por su especialidad en derecho público, sobre laconstitucionalidad del contenido de un decreto de transición de gobierno,ámbitos todos dentro de la esfera de su profesión.”313. La persecución en mi contra, como quedó probado ante la Corte, endefinitiva, tuvo su origen precisamente en el libre ejercicio de su libertad deexpresión, que es lo que se criminaliza mediante un proceso basado, por lodemás, en cuentos de periodistas. Por ello el Instituto de Derechos Huma-202