re - Ateneo de Madrid

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ritu intensamente individualista de la sociedad medioeval, por una parte, y
la defectuosa organización de los Poderes ejecutivo y judicial, por otra, debieron
producir como resultado que los preceptos del legislador quedaran impunemente
desobedecidos, ya por no tener su incumplimiento gran trascendencia
en el orden social, ya por no ser éste fácil de evitar á consecuencia de
la defectuosa organización de los dos mencionados Poderes. Por lo que respecta
á esta última consideración, ocioso es advertir que si el cumplimiento
de las leyes no depende tanto de que existan cuanto de que se imponga su
ejecución por el Estado cuando voluntariamente no son aceptadas, claro es
que todas aquellas que no merecieran el espontáneo asentimiento de la colectividad
caerían en inobservancia, porque las funciones ejecutiva y judicial
estaban, por decirlo así, en su infancia, en período de gestación, y, por consiguiente,
en condiciones de ineficacia para hacer cumplir todo el cúmulo de
leyes que el Poder legislativo, mucho más desarrollado que los otros dos, producía.
Es decir, que el incumplimiento de las leyes, desde este punto de vista,
obedecía al desequilibrio entre los tres Poderes que integran el Estado, no
sólo á la pasividad ó indiferencia de éste ante dicho estado de cosas.
2. a Si el derecho penal, que es derecho público, se abandonó en gran parte
á la acción de los particulares (derecho de venganza, composiciones), mayores
motivos hay para suponer que el derecho civil, que es derecho privado, corriera
igual suerte (1).
3. a Mucho debió contribuir también al incumplimiento de las leyes el general
desconocimiento de ellas, tanto por parte de los subditos como de los que
ejercían jurisdicción, atribuíble esto principalmente al estado de incultura,
y en parte también á la circunstancia de estar escritas en latín.
Así, por ejemplo, en la confirmación del Fuero de Castrojeriz, otorgada
por D. Fernando IV en 1299, se lee: «Et agora los canónigos e los clérigos de
hi de Castro Xeriz, por razón de que el dicho privilegio es en latín, e non lo
pueden los legos entender, pidiéronnos merced que los mandásemos desto dar
privilegio romanceado,..»; «con lo cual—agrega un distinguido historiógrafo
español en la Jieviie Hispanique—, no solamente saldrían ganando los legos, á
quienes, como se ve, se quería hechar la culpa, sino que es muy posible que
también se alegrase de la mudanza algún que otro clérigo de hi de Castro
Xeriz» (2).
En pro de lo mismo, véase lo que dice Martínez Marina: «Los jueces do
los pueblos y villas sentenciaban arbitrariamente y sin conocimiento de las
(1) Sabido es que durante mucho tiempo fue doctrina general que todo delito que no atacara directamente á los intereses
del procomún debía ser perseguido y reparado por el particular ofendido ó por sus parientes. Hasta muy avanzada
la Edad Media no se introduce la innovación de encargar á determinados funcionarios la vindicta pública (vid. la
ley "2. a , tit. XXII del Ordenamiento de Alcalá). El tránsito de una á otra fase no se verificó bruscamente y de una vez.
En prpeba de esto merece citarse como fase intermedia una costumbre de Guixerix, originaria del siglo XV, citada
por De Lagrece en su lliatoire du Droit dans les Pyrénées, según la cual¡ ninguna persona podía ser perseguida por
particulares sin previa información ó á no ser que fuera sorprendido en flagrante delito.
(2) Julio Puyol Alonso: Una Puebla del siglo XIII. lievue Hispanique (París, C. Keincksieck, 1904, fascículo 37-40),
pág. 264.