re - Ateneo de Madrid

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marse la organización jurídica do la paz, no lo ha hecho menos en la organización
pacífica de la guerra.
En primer término, las potencias signatarias comprometen el honor do su
palabra respecto de un asunto tan importante y debatido como era en el Derecho
internacional la declaración de guerra, diciendo:
«Las potencias contratantes reconocen que las hostilidades no deben comenzar
sin un aviso previo y no equívoco, que tendrá la forma, sea de una
declaración de guerra motivada, sea la de un ultimátum, con declaración de
guerra condicional.»
Y esto tiene gran importancia, porque, según los datos de un tratadista,
M. J. I. Mauricio, de 1700 á 1881, 107 guerras habían empezado sin declaración
previa; entre otras, la do Crimea de 1853; y aun en la misma ruso-japonesa,
si bien los japoneses enviaron á Rusia un ultimátum, no aparecía en él
clara la declaración de guerra condicional que ahora se exige.
La revisión de la Convención de Ginebra de 1864 venía siendo solicitada
desde hacía tiempo en libros y Congresos. Por lo que se refiere á los primeros,
Ziegier, Mognier, Bircher y Roszkowki habían expuesto sobre el particular
juicios dignos de tenerse en cuenta; y por lo quo hace á los segundos,
puede citarse, entre otros, el de las Sociedades de la Cruz ?_oja, verificado en
Roma, en el cual pidieron se extendieran á la guerra marítima los principios
aprobados para la terrestre.
A esta solicitud hizo justicia la primera Conferencia de 1899, y ella forma
otra de las Convenciones aprobadas por la segunda. La reglamentación do la
guerra marítima venía siendo constante preocupación do tratadistas y diplomáticos.
El ilustre profesor de Derecho internacional de la Universidad do
Oxford, Tomás Erskine Holland, presentó, hace uno ó dos años, un cuestionario
sobre los puntos que debían ser examinados por la Conferencia, la mayor
parte de los que han sido objeto de luminosas resoluciones.
La reglamentación del régimen de los navios de comercio durante la guerra;
la transformación de ellos en barcos de guerra; las limitaciones y prohibiciones
á la colocación de minas submarinas automáticas de contacto, conforme
á los votos del Instituto de Derecho internacional en su sesión de Gante,
y al bombardeo de puortos y ciudades no defendidos; las restricciones de
derecho de captura, y, sobre todo, el establecimiento de un Tribunal intornacional
de presas, bien valen el tiempo invertido en la Conferencia.
Era necesario buscar un órgano que regulase de un modo equitativo las
diferencias que surgen en la guerra marítima sobre las decisiones de los Tribunales
nacionales de presas. Y ha sido digno de notarse cómo Inglaterra,
con una jurisprudencia en esta materia legendaria, coa miras ó intereses particulares,
ha suscrito los principios de la Convención por la que tratan de atenuarse
las consecuencias rigurosas de las luchas en el mar.
Otra disposición de la Conferencia do La Haya que debe conocerse es la
de prohibir el lanzamiento do proyectiles y explosivos desde los globos militares
ó por otros medios nuevos análogos.