MANUAL_DE_DERECHO_CONSTITUCIONAL_-_Dr._I

ro no menor de cincuenta mil firmas. La Asamblea Nacional aprueba o rechaza tal
decreto por la mitad más uno de los diputados presentes, habiendo quórum.
El referéndum es el sometimiento directo que se hace al pueblo de una ley o
reforma, de carácter ordinario o constitucional, para su ratificación.
Le corresponde a un tercio de los diputados de la Asamblea Nacional la iniciativa
para que se apruebe el decreto legislativo o al pueblo con un respaldo no
menor de cincuenta mil firmas. La Asamblea Nacional aprueba o rechaza tal decreto
por la mitad más uno de los diputados presentes, habiendo quórum.
Nuestro referéndum es sucesivo, pues se da para conferirle existencia o eficacia
a la ley o reforma; es constitutivo porque sólo se refiere a la existencia de una
nueva ley o sus reformas; no abrogativo porque no se puede hacer para derogar
simplemente una norma vigente sin que sea sustituida por otra; no es obligatorio,
sino facultativo, porque la Asamblea, quien decreta la celebración del referéndum,
no está obligado a hacerlo para los casos establecidos en la Constitución, solamente
puede ser pedido en la forma anteriormente señalada y aún en este caso
puede ser rechazado por la Asamblea si no se obtiene la mayoría requerida.
Si la ley o reforma no es aprobada por el pueblo, carecerá de validez o eficacia,
no pudiendo entrar en vigencia. De aquí que la votación popular tenga el carácter
de una condición suspensiva a la cual se somete la validez o eficacia de la
ley o reforma. Si la ley es aprobada, será sancionada y publicada.
El plebiscito y el referéndum serán celebrados por el poder electoral. Para tal
efecto, el Consejo Supremo Electoral elaborará el calendario de duración de la
campaña, en el cual señalará el día de las votaciones. En todo lo que fuere pertinente,
se aplicará la Ley Electoral.
En los plebiscitos y referéndum se declarará aprobada la opción que tenga la
mayoría de votos.
La iniciativa popular de leyes está regulada en el art. 140 inc. 4 Cn., en la que
se establecen ciertas restricciones, ya que no procede en las leyes orgánicas; las
leyes tributarias; las leyes de carácter internacional; ni en las leyes de amnistía e
indultos.
A la anterior restricción hay que agregar dos: la Ley Anual del Presupuesto
General de la República por ser su elaboración e iniciativa de la exclusiva competencia
del Presidente de la República, de conformidad con los arts. 113 y 150 inc.
1 de la Constitución Política; y las reformas parciales o totales a la Constitución, las
primeras porque son de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República o del
tercio de los diputados, y las segundas porque la iniciativa le corresponde exclusivamente
a la mitad más uno de los diputados. Como toda iniciativa de ley puede
ser aprobada o rechazada por la Asamblea Nacional.
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