MANUAL_DE_DERECHO_CONSTITUCIONAL_-_Dr._I

6. La Procuraduría de Justicia
Es un importante organismo para el cumplimiento de la legalidad y tiene diversas
funciones tuitivas: vela por interés de los menores, interviene en el proceso
civil y en el penal, en el amparo, representa al Estado, etc. Estas funciones no son
atendidas a cabalidad por falta de recursos técnicos, humanos y económicos. A lo
anterior hay que agregar su falta de independencia.
Se pretendió que en la reforma constitucional de 1995 se le concediese autonomía,
y que el Procurador General de la República fuera nombrado exclusivamente
por la Asamblea Legislativa por mayoría especial. Otra solución era convertirlo
en un organismo judicial. Ambas soluciones se ajustan a las recomendaciones
del estudio citado del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, pero ninguna
se ha logrado.
En Nicaragua hemos aprendido a desconfiar, y por eso vemos con malos
ojos que la instrucción del proceso penal sea entregada a la Procuraduría Penal, y
menos a la policía, como se pretendió en el proyecto de Código de Instrucción del
régimen sandinista, en el cual el plenario estaba a cargo de un tribunal popular.
Para llegar al monopolio de la acción penal y a la investigación del sumario en
poder del fiscal, tendríamos que perfeccionar todo el sistema penal, haciéndolo
funcionar dentro de un ambiente democrático para que no se ahogue.
Debe ser un juez el encargado de esa tarea, como lo ha sido siempre. Es
preferible que sea un juez diferente al del plenario y de la sentencia, para conservar
incólume la imparcialidad judicial, valor fundamental de un proceso justo.
7. Seguridad del habitante
En los países de la región centroamericana, especialmente en Nicaragua, se
ha presentado un deterioro de las condiciones de la seguridad de los habitantes y
una de las necesidades más urgentes es la lucha contra la delincuencia.
La seguridad del habitante y el fenómeno de la criminalidad tienen importancia
por la incidencia que tiene en el proceso de democratización y desarrollo del
país, marcado por un estancamiento económico y deterioro social, una cultura de
violencia, dictaduras y conflictos armados, y con los consecuentes abusos en el
uso de la fuerza por parte del Estado.
A. Concepto
El concepto de seguridad de los habitantes, como lo presenta el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo comprende no sólo la seguridad jurídica
bajo un Estado de Derecho, en el cumplimiento de la ley, posibilitando la coherencia
del ordenamiento jurídico y la consolidación del desarrollo humano sostenible,
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