MANUAL_DE_DERECHO_CONSTITUCIONAL_-_Dr._I

4. Competencia
La Corte Suprema de Justicia es la competente para conocer y fallar el amparo;
pero la Ley de Amparo comisionó al Tribunal de Apelaciones donde no hay
salas, o a la sala civil de éstos donde existen, para que instruya las primeras actuaciones
hasta la suspensión del acto inclusive 4 . Se concede tal comisión para facilitar
la interposición y ciertos trámites del recurso.
Este artículo habla de conocer de estas primeras diligencias, lo cual es excesiva
afirmación, porque de acuerdo al artículo 160, inciso 3 de la Constitución, a la
Corte Suprema le corresponde el conocimiento y fallo del amparo. La atribución
concedida al Tribunal de Apelaciones sólo la podemos apreciar como una comisión
judicial hecha por la Ley.
5. Tramitación
El recurso se interpone por escrito en papel común, acompañando sendas copias
para las autoridades responsables y el Procurador General de Justicia, que es parte. El
interesado tiene treinta días para hacerlo, contados desde la notificación o conocimiento
del acto. Este plazo se puede ampliar por razón de la distancia 5 .
El segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo señala los elementos
que debe contener el escrito de interposición. Ninguna novedad trae, solamente
vale la pena destacar dos circunstancias: Se permite la interposición por medio de
apoderado especialmente autorizado, sin la limitación del artículo 13 de la Ley de
Amparo que exige al otorgante comparecer ante un Notario domiciliado en Nicaragua,
y representa un avance sobre la Ley de Amparo anterior, que exigía la presencia
en el país del agraviado para que quedara interpuesto, aunque es menos
amplia que la de ley de Amparo de 1974, que permitía su interposición con poder
general judicial sin especial autorización.
Por otra parte, se contempló el silencio administrativo, aunque no dice si la
circunstancia de no fallar equivale a una resolución confirmativa o denegativa; simplemente
concede el derecho de recurrir de amparo si la autoridad de la última
instancia no resuelve dentro del término legal. La regulación es muy útil, sobre todo
en estos últimos tiempos, donde es ya un estilo de actuación no decidir las peticiones
que los interesados hacen a las autoridades, burlándose del derecho de petición
consagrado en el artículo 52 de la Constitución.
El funcionario, señalado como responsable, debe rendir un informe, y su falta
es tenida como presunción de ser cierto el acto reclamado. El Procurador General
de Justicia y las personas que pueden ser afectadas por la resolución tienen intervención
en el amparo. Se pena con deserción la no comparecencia del recurrente
4
. Art. 25 LA.
5
. Art. 26 y 27 inc. 1, y 30 LA.
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