MANUAL_DE_DERECHO_CONSTITUCIONAL_-_Dr._I

C. Faltas definitivas
Sobre la falta definitiva expresa el art. 138 inc. 10 Cn., que la Asamblea Legislativa
tiene la facultad de conocer, admitir y decidir sobre las faltas definitivas de los
diputados ante la Asamblea Nacional. Son causa de falta definitiva, y en consecuencia
acarrean la pérdida de la condición de diputado, las siguientes:
a) Renuncia al cargo
b) Fallecimiento
c) Condena mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o de
inhabilitación para ejercer el cargo por delito que merezca pena más que correccional
por un término igual o mayor al resto de su período.
d) Abandono de sus funciones parlamentarias durante sesenta días continuos
dentro de una misma legislatura sin causa justificada ante la Junta Directiva
de la Asamblea Nacional.
e) Contravención a lo dispuesto en el tercer párrafo del arto. 130 Cn.
f) Incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes ante la Contraloría
General de la República al momento de la toma de posesión del cargo.
D. Protección política a los diputados
La protección a los diputados comprende dos aspectos: exención de responsabilidad
por sus opiniones y votos emitidos en la Asamblea Nacional, y la inmunidad
conforme la ley. La primera exime de responsabilidad civil y penal. La segunda
sólo lo protege de infundadas demandas o acusaciones que le impidan el normal
desenvolvimiento de sus funciones, pero si amerita juzgarse es desaforado para
que conozcan de la causa los tribunales comunes.
Existe una Ley de Inmunidad del 21 de marzo de 1990, reformada por Ley del
21 de septiembre de 1990, anteriores ambas a la reforma constitucional de 1995.
A los funcionarios que gozan de inmunidad sólo se les puede privar de ella
con el voto favorable de la mayoría absoluta de la Asamblea (Plenario). Sin esta
privación y previo los trámites y defensa del funcionario, éste no podrá ser detenido
ni procesado, excepto en causas relativas al Derecho de Familia y laborales. En
resumen, gozarán de inmunidad judicial, mientras no sean desaforados, tanto en
materia civil, penal y en general en todo lo contencioso judicial, menos en materia
de familia y laboral.
De acuerdo con el art. 138 inc. 24 Cn. le corresponde a la Asamblea Nacional
recibir de las autoridades judiciales o directamente de los ciudadanos las acusa-
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