MANUAL_DE_DERECHO_CONSTITUCIONAL_-_Dr._I

pos extraños a su competencia mediante su intervención como legislador positivo
o como colegislador, impulsada, entre otras razones, por el carácter transformativo
y material (abundantes textos materiales) del constitucionalismo del Estado social
de Derecho.
Dos aspectos se relacionan con el tema: el control de constitucionalidad de
los proyectos legislativos y el control de inconstitucionalidad por omisión, ambos
sin regulación expresa en nuestras leyes 14 .
El primer aspecto tiene su consagración en algunos países a través del control
previo o de la consulta de la constitucionalidad del proyecto de ley a la justicia
constitucional 15 . En nuestro país en la mayoría de las constituciones se exigía sin
carácter vinculante la consulta a la Corte Suprema de Justicia de toda reforma a los
códigos 16 . Se controlaba no sólo la constitucionalidad, sino también la conveniencia
y oportunidad del proyecto o del articulado. Este sistema presenta el peligro de
que el Tribunal participe e influencie en el juicio de razonabilidad y proporcionalidad
de medios y fines de las leyes, determinando así la toma de opciones constitucionales
que le corresponden exclusivamente al poder legislativo, cuya función
legislativa no se ajusta a ningún programa previo, es innovadora y discrecional,
todo dentro del marco constitucional.
En general la autonomía de la Asamblea Legislativa es vista como violada
por cualquier tipo de control del procedimiento legislativo. Se aprecia una intervención
de la justicia constitucional. Sin embargo, esta tesis está superada y se admite
el expresado control, entre otras razones porque la Constitución es la ley suprema
que tiene que ser respetada por todos los poderes del Estado; el proceso legislativo
en su mayor parte es regulado por la Constitución; las constituciones modernas
contienen una gran cantidad de preceptos materiales; la ley y la Asamblea Legislativa
se han desprestigiado; la autonomía parlamentaria está en buena parte avasallada
por el poder ejecutivo; la autonomía parlamentaria ha sido estructurada con
14
Otro aspecto del tema es el relacionado con el control de los trámites legislativos. La Ley de Amparo de 1948
admitió expresamente la inconstitucionalidad de la Ley por defecto de forma y de fondo. Lo fundamental de
todo sistema moderno es que se permita la impugnación por violación de disposiciones sustantivas. Muchos
países admiten el control por ambos motivos, pero se dan casos de algunos países que sólo aceptan el control
judicial por motivos de forma, como sucedió en Italia bajo el flexible estatuto Albertino de 1848 y se admite aún
en los sistemas en que se rechaza el control judicial de la constitucionalidad de las leyes. Nuestra Corte
Suprema inicialmente rechazó los recursos fundados en irregularidades de forma. Ha sostenido que los requisitos
de forma o de procedimiento no dan motivo para el amparo, pues no dañan en sus derechos y garantías
al quejoso (S 11:30 a.m. del 25 de enero de 1928, B.J., pag. 6238; S. 10:00 a.m. del 6 de agosto de 1929, B.J.,
pág. 7097; S. 12 m. del 27 de septiembre de 1929, B.J., pág. 7163. No obstante, en reciente sentencia de las
11 a.m. del 24 de noviembre de 1992, B.J., p. 254, aceptó el recurso de inconstitucionalidad por cuestiones de
forma, aceptando la opinión que había sostenido en mi estudio Líneas Fundamentales de la Nueva Ley de
Amparo, publicado en 1989.
15
Art. 96 de la Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica.
16
Constitución del 10 de diciembre de 1893 (art. 92); Constitución de 1905 (art. 71); Proyecto de Constitución del
4 de abril de 1911 (art. 105); Constitución del 21 de diciembre de 1911 (art.99); Constitución non nata del 3 de
abril de 1913 (art. 107); Constitución del 22 de marzo de 1939 (arts. 200 y 257); Constitución del 22 de enero de
1948 (arts. 165 y 213.18); Constitución del 1 de noviembre de 1950 (arts. 179 y 229.18); Constitución del 13
de abril de 1974 (arts. 178 y 293.9). Sólo las de 1939 y de 1948 exigían la consulta únicamente en
materia judicial cuando el proyecto no provenga de la Corte Suprema.
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