MANUAL_DE_DERECHO_CONSTITUCIONAL_-_Dr._I

Las comisiones de investigación se dedican a la investigación de cualquier
asunto que se les encomiende. Pueden recabar pruebas y después emitir un informe
final, el cual es altamente ilustrativo pero no vinculante.
La labor de investigación de la Asamblea tiene por límite la competencia constitucional
de los otros poderes, por tanto no puede ejercer las funciones constitucionales
reservadas a éstos. Por ejemplo, no puede pretender castigar como lo
hace el poder judicial, avocarse causa pendiente ante los tribunales de justicia o la
Controlaría General de la República. Generalmente su función se concreta a hacer
denuncias que puedan tener trascendencia política o jurisdiccional, o provocar leyes
que mejoren las condiciones de la materia investigada. Deben abstenerse de
participar en los asuntos diplomáticos en trámites y en los secretos de Estado. No
deben recabar información sobre asuntos de carácter privado.
Los tribunales de justicia de varios países han sido muy cuidadosos y limitativos
al sostener que las comisiones de investigación no pueden investigar en asuntos
que se encuentran pendientes ante los tribunales de justicia por vulnerar la independencia
del poder judicial. Pero un sector doctrinal sostiene lo contrario, ya que
el control político de las comisiones de investigación es diferente al control jurisdiccional
tanto por su naturaleza, alcances, límites y naturaleza del órgano 17 .
5. Función de dirección política
En la doctrina italiana se habla de dirección política de la asamblea, la cual se
traduce en la determinación de objetivos políticos a través de diferentes instrumentos
o instituciones como: debate en torno al informe anual presidencial ante la
asamblea, que no tenemos nosotros, a diferencia de otros países; la aprobación
de tratados, convenios, empréstitos, etc.; la aprobación de los planes de arbitrios
de las municipalidades; la aprobación del presupuesto general de la república; el
nombramiento, solo o en combinación con el ejecutivo, de altos funcionarios como
el procurador de los derechos humanos, contralor y subcontralor de la república y
recibir el informe de estos, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el
poder electoral; el veto; el indulto y amnistía; aprobar leyes; aprobar el presupuesto
general de la república, hacer recomendaciones sobre políticas y planes de desarrollo
económico y social del país; etc. El Plenario de la Asamblea Nacional está
facultado para pronunciarse o adoptar declaraciones de interés nacional o internacional.
Los estatutos le dedican un título a esta materia para regularla.
En estas medidas dejan sus huellas el órgano contralor y el controlado. Hasta
el poder judicial colabora en la orientación de la política del Estado. Piénsese en la
labor política de los tribunales constitucionales, aceptadas por Guatemala, por algunos
otros países de la América del Sur, y por la Suprema Corte de Justicia de los
Estados Unidos.
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Para ampliar el tema Cfr. Alex Solís Falla. El control político y el control jurisdiccional. República de Costa
Rica. 1996.
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