MANUAL_DE_DERECHO_CONSTITUCIONAL_-_Dr._I

E. Procuraduría General de Justicia sin independencia
La Procuraduría General de Justicia es una institución muy importante en el
cumplimiento de la legalidad de un país y son muchos los intereses que tutela:
defiende a los menores e incapaces, interviene en los procesos penales y civiles,
en el amparo, representa al Estado, etc. De aquí que sea muy importante tener una
Procuraduría con independencia orgánica y funcional, la que no tiene actualmente
porque el Procurador depende y es nombrado por el Presidente.
F. Falta de una policía judicial
Es preciso crear una policía civil organizada bajo principios propios y democráticos,
al servicio de un Estado de Derecho. Sus funciones y fines principales
son: defender el orden público y jurídico, respetar y hacer que se respeten los
derechos de las personas, capacitarse adecuadamente para perseguir el delito,
obedecer a la autoridad civil de la que depende, servir de brazo ejecutor de las
resoluciones judiciales y administrativas.
Se puede dividir en varias ramas : judicial, municipal, de hacienda, de narcóticos,
etc. La policía judicial debe estar adscrita al poder judicial.
G. Ausencia de una política criminal
En Nicaragua no existe una política criminal, ni pequeña (sentido restringido)
ni grande (sentido amplio). Todo se deja a la improvisación. No se trabaja con base
en estadísticas, realidades y estudios científicos. Un programa de política criminal
debe fundarse en:
a) Un sistema amplio de prevención del delito por medios educativos, recreativos,
familiares, de vigilancia policial y cooperación de la comunidad, mejoramiento
de la salud, vivienda y, en general, del nivel de vida.
b) El estudio científico del delito, sus causas, frecuencias y penalidades adecuadas.
Debe partirse de la idea de que la sanción penal sólo debe establecerse ante
la ausencia de otra solución extrapenal. El derecho penal es subsidiario, en el
sentido de que se recurre a la sanción penal como última solución frente a los actos
dañosos.
El estudio de las causas del delito, su frecuencia, la eficacia de las penas
impuestas, las posibilidades de su averiguación, permiten planificar una sólida y
eficaz política criminal: prioridad en la persecución de ciertos delitos (terrorismo,
drogas, etc.); mayor vigilancia sobre determinado tipo de delito en relación con
otros; aumento de la pena en unos o cambio del tipo de penas en otros; etc. La
tendencia moderna es limitar la prisión para los delitos graves y sancionar los me-
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