MANUAL_DE_DERECHO_CONSTITUCIONAL_-_Dr._I

cia rechazó varios recursos de inconstitucionalidad antes de que se dictara la Ley
de Amparo, argumentando que no podía aplicarse por carecer de reglamentación,
olvidando que también las leyes procesales pueden ser suplidas o integradas por
medio de leyes análogas y principios generales del Derecho y por los medios señalados
en el artículo 433 Pr. Bien pudo aplicar el procedimiento del amparo propiamente
dicho en ese entonces vigente. En algunos países el amparo ha sido
creación jurisprudencial (Argentina) y en otros se ha aplicado a pesar de no existir
ley reglamentaria (Venezuela y Uruguay).
En la Constitución de los Estados Unidos no se dijo en forma explícita de que
forma se protegería la Constitución ni categóricamente el órgano que lo haría.
Surge de la sentencia del Marbury vrs. Madison, redactada por el juez Marshall,
quien pretendió fundarla en dos disposiciones de la Constitución, el Art. III, Sección
ii y el Art. VI inc. ii. Sus antecedentes se desprenden de la opinión de Alexander
Hamilton en el Federalista, al expresar: «La interpretación de las leyes es la propia
y peculiar competencia de los tribunales. Una Constitución es en el hecho, y así
debe mirarse por los jueces, como una ley fundamental. A ellos pertenece por lo
tanto interpretar su significado, como el sentido de cualquier norma particular que
proceda del cuerpo legislativo y, en caso de diferencia irreconocible entre las dos,
preferir el deseo del pueblo declarado en la Constitución al de la legislatura expresado
en el estatuto legal» 17 .
Se ha dicho que la justicia constitucional solamente llegará a su máxima expresión
cuando se le permita, respetando la autonomía de la Asamblea Legislativa,
conocer de la violación de la Constitución por omisión del deber constitucional
de legislar. Para ello se han ideado diferentes formas de actuar de la justicia constitucional:
recomendaciones al legislador; sentencias aditivas; sentencias de mera
inconstitucionalidad.
El país que más lejos ha llegado en esta materia, en la búsqueda del control
abstracto de la omisión, es Portugal. En el artículo 283 de la Constitución establece
una acción directa de inconstitucionalidad por omisión. Los sujetos legitimados
para interponerlos son el Presidente de la República, el Defensor del Pueblo y en
su caso los presidentes de las Asambleas Regionales. La sentencia que declara la
inconstitucionalidad por omisión es meramente declarativa, verificadora. Su parte
resolutiva se concreta a poner en conocimiento al órgano legislativo competente la
inconstitucionalidad por el incumplimiento del deber de legislar.
Por otra parte, no es posible señalar un plazo al legislador para que dicte una
ley que la Constitución remite a ella o que sea necesaria para el ejercicio de un
derecho porque el artículo constitucional no contempla ciertas modalidades que
dicha ley debe desarrollar para su aplicación. Ejemplo: el art. 71 Cn. garantiza el
patrimonio familiar y somete a la ley su regulación. El legislador es el que determi-
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Carta LXXVIII. Publicación de Libro Libre, San José, Costa Rica, 1986, p. 203.
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