MANUAL_DE_DERECHO_CONSTITUCIONAL_-_Dr._I

Esta responsabilidad es también producto de inadecuado funcionamiento del
sistema.
La prisión provisional ha recibido fuertes ataques de parte de la doctrina:
mengua el derecho de defensa, pugna con la presunción de inocencia, colabora al
aumento del número de reos sin condena. De aquí que se le ponga plazo prudencial
de vigencia, se facilite la excarcelación por medio de fianza 33 , se le contemple
como una excepción del sistema y no como la regla, y hasta se pida juicio sin ella.
3. Responsabilidad por actos legislativos
Con relación a la responsabilidad del Estado por actos legislativos, en un
principio se sostuvo que en ningún caso se podría derivar responsabilidad a consecuencia
de la aplicación de la ley aunque cause perjuicios. Unicamente el legislador
podrá autorizar la indemnización para esos casos. El silencio de la ley con
relación al derecho de reclamar la indemnización se entendía como una negativa.
En el siglo pasado prevaleció la tesis de la irresponsabilidad por el acto legislativo
y aún persisten opiniones que se adhieren a esa tesis.
Contra este rechazo, se alzó la doctrina sosteniendo que cuando se aplicaba
una ley que beneficiaba a la colectividad o creaba un monopolio a favor del Estado,
debía indemnizarse a los perjudicados, pero aplicaba principios como el enriquecimiento
injusto o la responsabilidad derivada de vínculos contractuales. Con posterioridad
se admitió la responsabilidad por actos legislativos fundada en el principio
de igualdad de las cargas públicas.
Son varias las razones que se tienen a favor de la irresponsabilidad por actos
legislativos, y las críticas a ellas:
a) La ley es un acto soberano y como tal se impone a todos, sin que se pueda
reclamar compensación.
Contra lo expuesto se alega lo siguiente: el concepto de soberanía es diferente
al del siglo pasado, pues hoy tiene un alcance más o menos limitado, además la
soberanía no significa irresponsabilidad; la soberanía no reside en la asamblea
legislativa, sino en el pueblo; la asamblea legislativa debe actuar bajo los límites de
la Constitución.
b) Las leyes nuevas modifican o extinguen derechos anteriores que las leyes
reconocían. No violan ningún derecho anterior porque la ley nueva lo extinguió o
modificó.
33
En el estudio del Instituto Internacional de Derechos Humanos sobre Sistemas Penales y Derechos
Humanos en América Latina (1982-1986) se señala que el 68,47 % de los presos están sin condena y
sólo el 31,53 % están cumpliendo condena. También se hizo un estudio exhaustivo sobre la prisión
preventiva y su uso inadecuado y termina haciendo recomendaciones. Publicado por Depalma, Argentina.
1986. P. 142 y sigts.
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