MANUAL_DE_DERECHO_CONSTITUCIONAL_-_Dr._I

se llenen los tribunales de expedientes que hagan imposible su tramitación y fallo,
muchos de ellos iniciados infundadamente. Algunos países, como ya dijimos, han
concedido la acción popular para el recurso de inconstitucionalidad y esto es una
prueba de que puede funcionar. No hay que tenerle temor.
6. Legitimación pasiva
El recurso se dirige contra el titular del órgano que emitió la ley, decreto-ley,
decreto o reglamento. Así lo dispone el artículo 7 de la Ley de Amparo. Por ejemplo,
si la ley la emitió la Asamblea Nacional se dirige contra el Presidente que es su
representante 12 . Se interpone contra el Presidente de la República cuando éste
emita el reglamento.
7. Procedimiento
A. Interposición del recurso
El segundo párrafo del artículo 11 de la Ley de Amparo señala los elementos
que debe contener el escrito de interposición del recurso.
La Ley de Amparo carece de disposiciones que, a diferencia del proyecto del
Partido Popular Social-Cristiano, concedan al recurrente una oportunidad para
corregir los errores u omisiones de ellos. Sólo se le otorga una oportunidad en al
artículo 12, para llenar las omisiones formales.
B. Admisibilidad
Los conceptos de admisibilidad y fundabilidad son aplicables tanto a la demanda
como a los recursos. A manera de introducción me referiré a la admisibilidad,
porque la doctrina asimila el amparo a una u otra de las últimas figuras, pues su
naturaleza es dudosa. Algunos dicen que es un recurso, otros que es una demanda,
otros que es una acción-impugnación, haciéndolo participar de una naturaleza
mixta (de la acción y del recurso) 13 .
La admisibilidad de la demanda o del medio impugnativo (recurso) exige que
se cumplan los requisitos procesales para que puedan ser tramitados y fallados en
el fondo 14 . Por ejemplo, son requisitos de admisibilidad de la demanda las exigencias
de los artículos 1021 y 1024 Pr., y el juez de oficio, según lo dispone el artículo
1035 Pr., puede rechazar la demanda que no contenga los tres primeros requisitos
señalados en el 1021 o cuando fuere ininteligible u oscura; son requisitos de
12
. Art. 23 del Estatuto General de la Asamblea Nacional.
13
. Se considera por un sector doctrinal minoritario, pero respaldado por autores destacados, que la jurisdicción
constitucional es voluntaria, no contenciosa (cfr. Cappelletti, Breves explicaciones de otros problemas
y conclusión, Ob. Cit., pág., 107).
14
. Alcalá Zamora Castillo, Derecho procesal penal. T. III. Guilermo Koaft. Ltda. Argentina, pág. 237; Cfr.
Calamandrei. La acción págs. 56 y sigs.; El proceso, págs. 349 y sigs.; Estudios, Ob. Cit., T. I.
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