MANUAL_DE_DERECHO_CONSTITUCIONAL_-_Dr._I

países se ha demostrado en estos delitos se da una correlación inversa entre la
relación consumo-delitos: al reduirse el consumo percápita aumentan los delitos
contra la propiedad y viceversa. En Nicaragua se estaría verificando la relación
inversa entre las variables consumo y delitos contra la propiedad, ya que a mayor
pobreza corresponde menor ingreso, a lo obviamente que corresponde menor capacidad
de compra, a lo que corresponde menor consumo, como explica Elías
Carranza.
En la investigación «Evolución del delito en Nicaragua 1980-1995», realizada
por la Secretaría Ejecutiva de la DGPN, el Programa de Derechos Humanos de la
UCA/CE y el ILANUD se encontró correlación entre la variable desempleo y delitos
contra la propiedad, al verificar que los delincuentes capturados por la policía en
los últimos cinco años (1990 a 1995) en 30% no tenía ningún tipo de trabajo y un
48% estaba subempleado, por lo que el 78% de los detenidos estaban en el desempleo,
ya sea abierto o encubierto. En este sentido el desempleo estaría más
directamente relacionado con la reducción y con la consiguiente reducción de consumo.
c) Delitos contra la libertad sexual. Para Elías Carranza, en los últimos años
se han elevado los registros de denuncia de estos delitos, lo cual es un avance
positivo o se pone de manifiesto un fenómeno que se había mantenido oculto y
favorece medidas de prevención adecuada y el tipo de sanción correspondiente.
Las tasas por 100 mil habitantes de dichos delitos es de 13.9 en 1990; 17.8 en
1991; 30 en 1992; 41 en 1993 y 44 en 1994. La interpretación de este incremento
se encuentra en la falta de educación sexual, la ausencia de prevención de abusos
y agresiones sexuales a la niñez y la mujer, el papel de los medios de comunicación
que generalmente es negativo a la hora de abordar este tema, la extralimitación
de la represión en el aumento de las penas de los mismos y el nulo trabajo con
la familia para prevenir estos delitos (el 75% de estos delitos ocurren en el interior
de las familias).
D. Extralimitación punitiva del Estado
El sistema penal puede ser una fuente muy importante de inseguridad del
habitante, que se puede manifestar en sus diferentes niveles: policial, judicial y
penitenciario. El tipo y calidad de legislación que tenemos vigente (Reglamento de
Policía de 1880, el Código Penal de 1974, el Código de Instrucción Criminal de
1879) vulneran en la mayoría de los casos de derecho y libertades fundamentales
del habitante, generando detenciones arbitrarias, carencia de garantías del detenido,
falta de igualdad frente a la ley, indefensión de los acusados, retardo procesal,
falta de derecho y atención a la víctima, situación penitenciaria de hacinamiento o
peligro de vida.
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