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De acuerdo con el articulo 119 párrafo segundo de la constitución
Politica de los Estados unidos Mexicanos, según su texto actual, “Cada
estado y Distrito Federal están obligadas a entregar sin demora a los
indiciados, procesados o sentenciados, asi como a practicar el
aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del
delito atendiendo a la autoridad de cualquier otra entidad federativa
que los requiera .
Estas diligencias se practicaran, con intervención de las respectivas
procuradurías generales de justicia, en los terminos de los convenios
recolaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para
los mismos fines, los Estados y el Distrito Federal, quien actuara a
través de la Procuraduría General de la Republica”.
El referido texto se origino en el Decreto promulgatorio del presidente
constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del Decreto expedido
por la comisión Permanente del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, previa aprobación de las camaras de diputados y
de Senadores del congreso de la Unión así como de las mayoría de las
legislaturas de los Estados, sobre reformas a diversos artículos de la
Constitución Política decreto aquel que aparece publicado en el diario
oficial de la federación del 3 de Septiembre de 1993. E anterior texto
decía: “Cada Estado tiene obligación de entregar sin demora los
criminales de otro estado o del extanjero a las autoridades que lo
reclamen. En estos casos. El auto del juez que mande cumplir la
requicitoria de extradición, será bastante para motivar la detención por
un mes, si se tratare de extradición entre Estados y por dos meses
cuando fuere internacional”. La ley reglamentaria de este precepto,
(119) de 29 de diciembre de 1953 publicada en el diario oficial de la
federación de 9 de enero de 1954, aunque no derogada expresamente a
quedado de hecho sin aplicación cuanto menos parcialmente, atento al
contenido del nuevo articulo 119 constitucional.
En efecto, en el diario oficial de la federación de 3 de diciembre de
1993, se publico en convenio de Colaboración que, con base en el
articulo 119 constitucional, celebraron la procuraduría General de la
Republica, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y
las Procuradurías Generales de Justicia de los Treinta y un estados
integrantes de la federación, el 25 de septiembre del propio año, cuyas
cláusulas son las siguientes: “PRIMERA. La Procuraduría General de