PENAL MEXICANO - Index of /prueba/descargas

18 MANUAL DE DERECHO PENAL MEXICANO
nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege. “En los juicios del orden
criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley
exactamente aplicable al delito de que se trata”. De igual manera, el
propio artículo 14 recoge, como una garantía de seguridad jurídica,
el principio del necesario juicio para que alguien pueda ser privado de
la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derecho, jui-
cio que deberá seguirse “ante los tribunales previamente establecidos,
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”, lo cual
significa que los actos de privación a que la ley suprema se refiere
deben emanar de autoridades formal o materialmente jurisdiccionales,
o bien estrictamente judiciales porque, como se ha dicho con frecuen-
cia, su función consiste en decidir controversias de derecho (Poder
judicial) en el orden local o federal (garantía de audiencia). ¿Y qué
decir de la garantía de seguridad jurídica a que se refiere el artículo
16 constitucional, en su segundo párrafo, de acuerdo a su texto ac-
tual, en el sentido de que “No podrá librarse orden de aprehensión
sino por autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de
un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos
con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo
del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado”?
Dicho precepto de nuestra ley suprema vincula en forma directa al
Derecho constitucional con el Derecho penal sustantivo o material,
así como con el Derecho adjetivo penal o instrumenta (Derecho pro-
cesal penal), a virtud de la prohibición dirigida a la autoridad judicial
en el sentido de que no podrá librar una orden de aprehensión si no
constata previamente la existencia de una denuncia o querella sobre
un hecho que se encuentra previsto en la ley como delito, sanciona-
do con pena privativa de libertad y respecto del cual se haya aportado
prueba que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad
del indiciado (D.O. de 8 de marzo de 1999). Los ejemplos pueden multiplicarse
aunque los anteriores son suficientemente claros para esta-
blecer la veracidad de la afirmación inicial: los principios contenidos
en los preceptos constitucionales, de orden penal, procesal e inclusi-
ve ejecutivo penal, son básicos por ser razón existencial de las normas
secundarias que, además, subordinan su funcionamiento a aquéllas. 33
33 En nuestro Derecho Constitucional se había tenido el cuidado de no reformar los ar-
tículos 14 y 16 constitucionales, como ha ocurrido con otras materias de su texto. No obstante,
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 3 de septiembre de 1993 se
modificaron ambos para quedar como sigue: “Art. 16 (...) No podrá librarse orden de aprehen-
sión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho
determinado que la ley señale como delito sancionado cuando menos con pena privativa de liber-
tad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad
del individuo”, modificación impotantísima a virtud de que conforme al texto anterior bastaba,
para librar una orden aprehensión o detención, por la autoridad judicial, que precediera denuncia,
acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigara con “pena corporal”, apoyadas
aquéllas “por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan
probable la responsabilidad del inculpado”. Como se aprecia, la referida reforma exigió para el
libramiento de una orden de aprehensión que se acreditaran los elemen-tos integrantes del tipo
penal, con lo que se amplió considerablemente la exigencia constitucio-nal para dictar un
proveído de detención legal. En la consiguiente reforma al artículo 19, se sustituyó la exigencia