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Ya el genio de CARRARA había intuido, en forma admirable, la fundamental
diferencia entre la legítima defensa y el estado de necesidad, pues mientras
aquélla se caracteriza por ser una "reacción” (defensa) la segunda constituye
una "acción” que implica ataque a bienes jurídicos.
Una segunda diferencia entre ambas justificantes se establece respecto a
la naturaleza del conflicto en el estado de necesidad surge entre intereses
legítimos, esto es, entre bienes tutelados por la ley, en tanto en la legítima
defensa, frente al bien jurídico amenazado y cuya 26 situación cambia
radicalmente en el Código Penal del Distrito Federal, pues éste en su artículo
83 in fine, referente al exceso en las causas de licitud, señala que "Al que
incurra en exceso, en los casos previstos en las fracciones IV, V Y VI del
artículo, 29 de este Código, se le impondrá la cuarta parte de las penas y
medidas de seguridad, correspondientes al delito de que se trate, siempre y
cuando con relación al exceso, no exista otra causa de exclusión del delito".
La nueva ley, correctamente omite remitirse, para la punibilidad en el exceso
en el estado de necesidad a las penas correspondientes a los delitos culposos,
por no tener el referido exceso ninguna similitud a dicha forma de
culpabilidad.