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DERECHO PENAL 5
Para algunos autores, tal potestad viene a constituir más que un
derecho, un deber del Estado. Juan DEL ROSAL apunta textualmente:
“Esta potestad es en realidad, un deber del Estado para que las perso-
nas y la vida comunitaria puedan cumplir sus fines propios.” 10
Cuestión debatida hace largo rato es la relativa a la existencia de
un derecho subjetivo del Estado para castigar (ius puniendi) y el problema
ha tenido origen en los excesos de tal supuesto derecho en algunos
Estados de tendencias totalitarias, razón que lleva a algunos autores a
acentuar el carácter jurídico del Derecho Penal visto desde el ángulo
subjetivo, en tanto otros lo privan de su condición de derecho propiamente.
En este empeño, QUINTANO RIPOLLES afirma que el Derecho Pe-
nal vale tanto como facultad o potestad para crear las normas y darles
vida, según relata COUSINO MAC IVER, lo cual equivale a “prefijar delitos
y penas, aplicándolas dentro de un marco jurídico; empero, las limitaciones
de la anterior definición demuestran hasta qué punto implican
un cercenamiento de la potestad soberana del Estado”, en tanto otros
piensan que los derecho subjetivos van de la mano con la voluntad
individual para gozar de los bienes jurídicos que el Derecho tutela,
libertad de acción que no tiene el Estado, pues más que derecho tie-
ne deberes respecto del castigo de los delincuentes (Luis COUSINO MAC
IVER. Derecho Penal Chileno. Parte General. Vol. I, pp. 7-8, Editorial Jurídica
de Chile, 1975). Desde BINDING, quien destacó el jus puniendi como
un derecho subjetivo del Estado, estimándolo un derecho de obedien-
cia, un gran número de destacados juristas se muestran partidiarios de
su reconocimiento.. Así, ROCCO se refiere a un particular derecho de
obediencia a los preceptos penales, en tanto GIUSPIGNI se muestra inclinado
a sostener un derecho subjetivo de castigar indentificándolo
con el derecho del Estado a su supervivencia, en el cual está presente
la idea de considerar al delito como la conducta humana que ofende al
derecho del Estado a la existencia y a la propia conservación (Diritto
Penale Italiano, Vol. I, p. 159. Milano, 1947). En contra de tal criterio
rompe lanzas Enrique FERRI, quien empieza por afirmar que la ley pe-
nal provee a la defensa social, y de tal afirmación deriva, entre otras
consecuencia, su potestad soberana, pues como quiera que la ley penal
sus alcances, duración, derechos que afecta, etc. “Este instrumento de control social, que se
denomina Derecho Penal, se vincula con comportamientos desviados” para los cuales el Estado
(único titular del ejercicio de esta forma de control en las sociedades modernas) amenaza sanció-
nes concretas”, sin que dichos comportamientos sean siempre materia de dicho derecho siendo
un error identificarlos por ello con un comportamiento criminal: “Las sociedades realizan, por
medio de órganos con competencia para ello y mediante procedimientos formales, una selección
de comportamientos desviados que serán objeto del derecho penal”, el que desde esta perspec-
tiva cumple (al igual que otros ordenamientos normativos) “con una función reparadora del
equilibrio de un sistema social (...) perturbado por el delito” (Manual de Derecho Penal. Parte
General, pp. 1-2, Editorial Témis, Bogotá, 1989. Reimpresión)
10 Derecho Penal (Lecciones), p. 19, 2 a edición, Valladolid, 1954.