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408 MANUAL DE DERECHO PENAL MEXICANO
antijuridicidad de la conducta o del hecho, pero la autoriz.ación extra o
contra legem no tiene la virtud de hacer dicha conducta o hecho
conformes con el Derecho.
La facultad o autorización concedida requiere:
12 Que derive de una autoridad;
22 Que ésta actúe dentro del marco de su competencia, y 32 Que la
autorización reúna los requisitos legales.
El artículo 194, fracción 1, del Código Penal Federal sanciona
como delito contra la salud, con prisión de diez a veinticinco años }'
de cien hasta quinientos días multa, al que "produzca, transporte, trafique,
comercie, suministre aún gratuitamente o prescriba alguno de los
narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización
correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud". De acuerdo
al precep~o, las conductas descritas son delictivas y por tanto punibles
cuando el agente las realice "sin la autorización correspondiente a que
se refiere la Ley General de Salud", de manera que tales actividades
serán lícitas cuando se realicen mediante autorización especial,
extendida por la autoridad competente, conforme a los requisitos
fijados por las leyes sanitarias (Código de Salud, Tratados
Internacionales, etc.).
4. EL DERECHO DE CORRECCIÓN
Hasta ciertos límites encontró justificación, en la ley penal, el resultado
lesivo consecuencia del llamado derecho de corrección. El artículo
294, cuyo texto quedó derogado mediante Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación de 13 de enero de 1984, declaraba
impunes "las lesiones inferidas por quienes ejerzan la patria potestad o
la tutela, y en ejercicio del derecho de corregir" si fueren de las
comprendidas en la primera parte del artículo 289, o sea de las que no
ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días,
siempre que el autor no abusare de su derecho, corrigiendo con
crueldad o con innecesaria frecuencia. El derecho de corregir
encuentra su fuente, tanto respecto a quienes ejercen la patria potestad
como la tutela, en los artículos 423 y 577 del Código Civil, el primero
al expresar que "quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores
bajo su custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de
observar una condueta que sirva a éstos de buen ejemPlo", facultad
que "no imPlica infligir al menor actos dejuerza que atenten contra su
integridad física o psíquica en los términos de lo dispuesto por el
artículo 323 ter de este Código", en tanto el segundo hace extensiva
dicha facultad a los que ejercen la ty.tela sobre un incapacitado. En
ambas situaciones, el derecho de corrección fundaméntase en la
obligación, impuesta por los artículos 422 y 537-1 de la ley civil, de
educar a la persona sujeta a la patria potestad o