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DERECHO PENAL 11
amparo, con la más enérgica de las reacciones de que es capaz el Derecho,
a los bienes jurídicos que tienen mayor jerarquía y significación
social. Estos bienes jurídicos vitales pueden emanar, por ejemplo, del
Derecho constitucional (integridad institucional y garantías constitucionales)
del Derecho administrativo (deberes esenciales de los funcionarios
públicos), del Derecho civil (derecho de propiedad), del
Derecho comercial (eficacia del cheque), etc. Cuando se atenta con-
tra uno de estos bienes jurídicos, quebrantando la norma consagrada
respecto de ellos por la pertinente rama jurídica, en la forma determi-
nada prevista por el precepto penal, se comete un delito, porque el
legislador penal, estimando el alto valor de aquellos bienes, ha descri-
to como delictuosas esas conductas atentatorias, y ha prefijado para
ellas una pena”. 25
El Derecho penal es valorativo, según lo ha hecho observar JIMÉ-
NEZ DE ASÚA. “La filosofía de los valores –expresa--, ha penetrado profundamente
en el Derecho y por eso afirmamos que nuestra disciplina
es valorativa”. 26 Sólo admitiendo su carácter valorativo, agregamos nosotros,
es posible la comprensión de algunos de los problemas que
plantean ciertas instituciones del Derecho penal. Sebastián SOLER, al
explicar que el Derecho penal es normativo, finalista y valorativo, argumenta
que el mundo de las normas debe asentarse en la realidad,
“pero el momento estrictamente jurídico se caracteriza no por esa
mera comprobación o verificación de los hechos y de sus regularidades
(ley natural), sino por la vinculación de esa realidad a un fin colecti-
vo, en virtud del cual los hechos son estimados valiosos o no valiosos y,
como consecuencia, procurados o evitados. La ley, por tanto, regula la
25 Ob. Cit., p. 29. Avala la posición adoptada, el sólido prestigio de REINHART MAURACH para
quien el cometido del ordenamiento jurídico es adoptar las medidas necesarias para una convivencia
ordenada en la sociedad sometida al Estado, objetivo con el cual coincide el derecho
penal, mediante la aplicación de los recursos a él confiados, sin que ello signifique que sea este
derecho la única rama del derecho dotada de recursos coactivos. Afirma MAURACH que el ordenamiento
jurídico dispone de los más diversos recursos para procurarse autoridad y garantizar
su prevalencia, pero “desde el punto de vista de política jurídica, la selección y la acumulación de
estas medidas, se encuentran sometidas al postulado de que no está justificado aplicar un re-
curso más grave cuando cabe esperar el mismo resultado de uno más suave: tan reprobable y
absurdo es aplicar penas criminales a la infracción de obligaciones privadas contractuales,
como querer impedir un asesinato amenazando al auto con la simple imposición de las costas
del entierro o con la privación de la legítima que le correspondería sobre la víctima. Jure est
civiliter utendum: en la selección de los recursos propios del Estado, el derecho penal debe
representar la ultima ratio legis, encontrarse en último lugar y entrar sólo en liza cuando resul-
ta indispensable para el mantenimiento del orden público. La naturaleza secundaria del derecho
penal no es más que una exigencia ética dirigida al legislador”. Tratado de Derecho Penal, I,
p. 31, Ediciones Ariel. Barcelona, 1962. Trad. Juan CÓRDOBA RODA.
26 Ob. Cit., p. 22.