Informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010 - OEI

Informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010. Innovar para incluir: jóvenes y desarrollo humano
de mecanismos de retención de esos estudiantes
una vez superada la crisis es crucial para
transformar esta coyuntura en una tendencia
de largo plazo. En este sentido, la actual crisis
global también puede ser percibida como una
oportunidad.
Si bien la crisis atravesada por Argentina y
Uruguay en 2001 y 2002 constituyó un caso extremo
con relación a los potenciales impactos
de la crisis actual, los aprendizajes de aquella
etapa permiten delinear áreas de intervención
a futuro. El contexto socioeconómico descrito
y la incertidumbre actual plantean la necesidad
de desarrollar estrategias de intervención que
permitan superar situaciones actuales de privación
aguda y, al mismo tiempo, crear condiciones
para fortalecer la autonomía de las
personas durante su trayectoria vital. Una estrategia
de esta naturaleza constituye un punto
de partida para quebrar los círculos de reproducción
y persistencia de la pobreza.
En la medida en que la pobreza estructural
implica la incapacidad para alcanzar un estándar
de vida mínimo en forma autónoma, los
sistemas de protección social deberían combinar
instrumentos de transferencias no contributivas
de corte permanente, que aseguren un
flujo de recursos imprescindible para la subsistencia,
con mecanismos de apropiación de activos
humanos (permanencia y retorno al sistema
educativo, políticas laborales de formación
para el trabajo que reduzcan la vulnerabilidad
laboral e incrementen el ingreso potencial) y
otros activos (acceso a los recursos naturales, a
la vivienda, al crédito mediante programas específicos
que permitan superar los problemas
de fragmentación y exclusión de los circuitos
financieros que enfrenta la población joven más
vulnerable). A su vez, cambios de este tipo en
los sistemas de protección social contribuirían
a incluir a los sectores jóvenes más vulnerables,
revirtiendo parcialmente el patrón de desafiliación
institucional, a través de instrumentos de
política que permitan su vinculación con los
sistemas de protección social independientemente
de su situación laboral.
Estos instrumentos de política no son desconocidos
en la región. Existen diversos esfuerzos
de construcción de programas laborales
activos destinados a los jóvenes en situación
de privación. La preocupación por la permanencia
en el sistema educativo ocupa también
un espacio privilegiado en la agenda pública.
Sin embargo, en relación con el mercado laboral,
los esquemas de protección social vigentes
no consideran los requerimientos específicos
de la población joven. El desafío es, por lo
tanto, diseñar mecanismos diferenciados que
los contemplen. También se requiere el diseño
de políticas activas e innovadoras que permitan
mayores avances a los alcanzados hasta el
momento. En este sentido, los jóvenes deberán
ser los protagonistas de sus logros. Una alianza
entre los jóvenes y el Estado constituye el recurso
fundamental para el éxito de este tipo de
políticas.
En el caso de las transferencias de ingresos,
los mecanismos de indexación de las prestaciones
deberían ser especialmente monitoreados
durante el diseño de políticas para enfrentar la
crisis, dado que la pérdida de ingresos reales
puede ser muy alta y la escasez de recursos por
parte de los gobiernos puede conspirar contra
aumento en valores reales. La indexación automática
de las transferencias no contributivas a
precios de la economía –por ejemplo, a través
del índice de precios al consumidor– podría
ayudar a preservar los ingresos de los hogares
excluidos, en especial ante situaciones de crisis
económica o brotes inflacionarios.
Los datos analizados en este capítulo también
sugieren que las políticas de protección
social deberían diseñarse de forma tal de neutralizar
los efectos nocivos de la maternidad
sobre el desempeño en el mercado de trabajo
de las mujeres jóvenes. Para revertir esta situación,
es necesario promover políticas de sensibilización
que apunten a redistribuir la carga
de trabajo dentro de los hogares mediante un
mayor involucramiento de los varones. Un sistema
de cuidados público, en especial vinculado
a la primera infancia, de calidad y amplia
cobertura, puede constituir una respuesta adecuada
a este problema. A su vez, los sistemas
de cuidados deberían complementarse con la
generalización de horarios extendidos en los
sistemas escolares que atienden a los niños
en edades más avanzadas. Por último, la incorporación
de licencias por paternidad más
extendidas podría contribuir a generar una división
de las responsabilidades de crianza más
igualitaria.
Las políticas públicas deben dar cuenta de
la alta vulnerabilidad que enfrentan los hogares
monoparentales, en especial aquellos a cargo
de una mujer, a través de mecanismos que
permitan un mayor acceso a los recursos. Las
políticas de transferencias no contributivas de
corte permanente constituyen una respuesta
natural desde el ámbito público. La implementación
de mecanismos institucionales que aseguren
la corresponsabilidad de los padres que
no cohabitan con sus hijos constituye también
una pieza clave para asegurar el sostén de las
jóvenes mujeres a cargo de una familia. En los
cuatro países existen normas que regulan la
obligatoriedad de realizar prestaciones monetarias
al padre que no vive con sus hijos. Sin
114