Informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010 - OEI

Informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010. Innovar para incluir: jóvenes y desarrollo humano
caminos y deja huellas en los sujetos con el
ritmo, en general largo, de los tiempos sociales.
El género, asociado desde sus inicios
con la tradición del pensamiento feminista,
renovó tanto los campos del saber como las
vidas de mujeres y varones. Aquí se reconoce
la potencialidad del concepto de género para
visibilizar y modificar lógicas jerárquicas y
desigualdades. Se considera que, como consecuencia
de la producción académica y el trabajo
político, el género, aun con dificultades
y malentendidos, alcanzó presencia social. Y
que ancló en una red de significaciones culturales,
ideológicas y valorativas que produjeron
y reprodujeron su sentido inicial. Dada
la estrecha conexión entre el género y la situación
de las mujeres, es esperable que una
encuesta como la elaborada para este Informe
registre el eco de este concepto. Las personas
entrevistadas para este Informe –nacidas entre
los años 1980 y 1994– se socializaron con
la presencia de un concepto inexistente años
atrás, y manifiestan haber identificado las desigualdades
que el género hizo posible mostrar.
Frente a la pregunta sobre el grado de justicia/
injusticia en el trato recibido por diferentes
actores sociales en diferentes situaciones, una
proporción mayor de mujeres consideró “muy
injusta” la relación entre géneros: Buenos Aires:
30% vs. 19%; Río de Janeiro: 26% vs. 19%;
Asunción: 34% vs. 27%; Montevideo: 25% vs.
14%.
El segundo eje del camino recorrido por
las mujeres es contextual. Refiere a la lucha
del feminismo y el movimiento de mujeres
en congresos, conferencias internacionales y
a nivel local, tanto para discutir teórica y políticamente
como para visibilizar la desigualdad
de género en la discusión pública. En esa
línea, la incorporación de la perspectiva de
género en legislaciones, políticas públicas y
programas contribuyó a desplegar y consolidar
las capacidades subjetiva y objetiva de
agencia de las mujeres.
El feminismo y el movimiento de mujeres
colocaron la discusión sobre la igualdad de
género en la esfera pública y recomendaciones
en el proceso de formulación e implementación
de políticas públicas. La constitución
de redes (nacionales, regionales e internacionales)
permitió la interconexión con otros
grupos de mujeres y movimientos sociales, la
circulación de puntos de vista y de recursos
económicos. Por otro lado, la presencia de las
mujeres en espacios transnacionales tiene la
doble virtud de visibilizar su protagonismo
y sus propuestas y, al mismo tiempo, “irradiar
hacia sus sociedades el reconocimiento
obtenido en esos espacios globales y, de esa
manera, presionar sobre los límites culturales
y políticos que las sociedades nacionales
imponen al desarrollo del movimiento” (Guzmán,
2002).
Las conferencias y cumbres internacionales
contribuyeron a comprender que la
igualdad entre mujeres y varones, así como la
no discriminación de las mujeres en el goce
y el ejercicio de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, requieren acciones
específicas de promoción y protección de los
derechos humanos. Desde sus respectivas dimensiones
sectoriales, se delineó un marco
político y estratégico tendiente a articular los
problemas sectoriales con las desigualdades
de género, y transversalizar el enfoque. Un
hito importante en la conquista de una mayor
equidad e igualdad fue la IV Conferencia
Internacional de la Mujer de Beijing de
1995. Posteriormente, en 2000, se estableció
como un objetivo de la Declaración del Milenio
(ODM 3) la promoción de la igualdad
de género y la autonomía de la mujer. Dos
años después, el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas (ECOSOC) consideró
que “la igualdad de género es un elemento
fundamental para la consecución de un desarrollo
sostenible centrado en la sociedad y el
ser humano”.
En materia de políticas públicas, el enfoque
de género ha hecho explícita la necesidad
de enfrentar las situaciones de discriminación
y desigualdad, para lo cual se requieren medidas
concretas en la familia y el hogar, en el
mundo laboral y en los derechos políticos, en
salud, salud sexual y reproductiva, y educación.
La adopción de este enfoque conecta
directamente con el reconocimiento de los
derechos de las mujeres la preocupación por
la ampliación de la ciudadanía y la responsabilidad
cívica. La ampliación de la ciudadanía
implica para las mujeres un cambio desde una
actitud pasiva, de espera, a una posición activa.
Y supone, también, un aumento de las
responsabilidades. Esa “activación” puede ser
conceptualizada también como un proceso de
habilitación social y empoderamiento, a través
del cual se adquieren destrezas y capacidades,
se fortalecen los espacios de acción, se instala
un sentido de identidad y de comunidad
propio. Como resultado de estos procesos, las
mujeres logran proponer temas al Estado, influir
en la toma de decisiones e incrementar
su capacidad de negociación e interlocución
(Feijoo, 2007). El logro de legislaciones, políticas
públicas u otro tipo de normativa del
Estado en el campo de la salud y los derechos
sexuales y reproductivos es un claro ejemplo
de varias acciones.
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