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Filosofía dominicana: pasado y presente 277
donde los objetivos humanos pueden ser ciertamente alcanzados
mientras se puede buscar lo que es útil. Spinoza explica que el
hombre va necesariamente a la sociedad civil, siguiendo el curso
de leyes naturales, y cuando el individuo entra en sociedad no
renuncia, sin embargo, a su derecho natural. Según Spinoza, no
puede hacerlo porque su propia esencia tiende a la plenitud y
no solamente a la conservación. Aunque el derecho positivo ha
de ser obedecido por el hombre en la sociedad civil, ha de contar
con el derecho natural y contenerlo como un momento del
desarrollo progresivo que menciona la definición genética del
mismo derecho positivo. Es decir, el derecho natural individual
se supera en la sociedad civil, pero no se anula. La nueva autoridad
tendrá poder absoluto y los súbditos tendrán que someterse
a obediencia absoluta, aunque, según el filósofo, el libre arbitrio
de que gozaban en el estado natural era una falacia y puramente
teórico, pues estaban afectados por potencias múltiples y externas
en su individualidad sellada, y por esto Spinoza considera
que la sociedad civil es la realización efectiva del derecho natural
y el ejercicio pleno del conatus.
Spinoza explica que el Estado es necesario para que el hombre
pueda obtener sus objetivos individuales ya que es en la
sociedad civil donde la convivencia se organiza racionalmente,
aunque el grado de coherencia que se establece en las relaciones
humanas en el seno de la sociedad civil dependerá, según Spinoza,
del tipo de Estado o de su forma estructural.
El acuerdo entre los individuos del estado natural dará origen
a una forma concreta de sociedad civil, pero insiste en que la delegación
de poder en cualquier caso ha de hacerse en beneficio
de todos, y así, del acuerdo entre todos, surgirá una legislación
común basada en la cual se estructura la nueva sociedad civil. En
tal sentido dice: «El derecho así definido por el poder de la “multitud”
se denomina generalmente autoridad política. Lo tiene
por modo absoluto aquella persona que ha sido designada por
consentimiento general para cuidar de la cosa pública […]». 45
45 Spinoza, Tratado político II, p. 17.