REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

no en consideración al aplicar la ecuación de proporcionalidad tiene una
particular relevancia dada la frecuencia con que soldados, armamento u
otro tipo de material militar son desplegados, o infraestructuras de carácter
militar son construidas, en las inmediaciones de áreas donde se encuentran
personas y bienes civiles, por no hablar de los casos de congregación
voluntaria o involuntaria de civiles en el interior o en los alrededores de
objetivos militares. Ni el art. 8(2)(b)(iv) ER ni los EC resuelven expresamente
esta cuestión en cuanto que ambos se limitan a referirse genéricamente
a «perdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes
de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio
ambiente natural». De ahí que para responder a esta cuestión sea necesario
recurrir una vez más a la normativa que desarrolla el principio de distinción
en los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra.
En cualquier caso, es de destacar que el art. 8(2)(b)(xxiii) ER tipifica,
si bien únicamente en el contexto de conflictos armados de carácter internacional,
la utilización de «la presencia de una persona civil u otra persona
protegida para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto
de operaciones militares». De esta manera, se atribuye cuando menos
responsabilidad penal a la parte que con su actuación ilícita pone en peligro
la vida o la integridad de personas civiles.
El art. 58 PA I impone a las partes en el conflicto, a los efectos de proteger
a la población civil, la obligación de «hasta donde sea factible»: (i)
esforzarse por alejar de la proximidad de objetivos militares a la población
civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil que se encuentren
bajo su control; (ii) evitar situar objetivos militares en el interior o en las
proximidades de zonas densamente pobladas; y (iii) tomar las demás precauciones
necesarias para proteger contra los peligros resultantes de operaciones
militares a la población civil, las personas civiles y los bienes de
carácter civil que se encuentren bajo su control. Por su parte, el art. 51(7)
PA I establece que «la presencia de la población civil o de personas civiles
o sus movimientos no podrán ser utilizados para poner ciertos puntos o
zonas a cubierto de operaciones militares, ni para cubrir, favorecer u obstaculizar
operaciones militares». Y a continuación añade que «las Partes en
conflicto no podrán dirigir los movimientos de la población civil o de personas
civiles para tratar de poner objetivos militares a cubierto de ataques,
o para cubrir operaciones militares». Finalmente, el art. 51(8) PA I prevé
que «ninguna violación de estas prohibiciones dispensará a las Partes en
conflicto de sus obligaciones jurídicas con respecto a la población civil y
las personas civiles, incluida la obligación de adoptar las medidas de precaución
previstas en el art. 57».
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