REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

unas primeras actuaciones administrativas tendentes a acreditar, aunque
sea de modo indiciario, la concurrencia de cualquiera de las circunstancias
del artículo 10 de la mencionada Ley 26/1999.
Una vez acreditada la concurrencia de cualquiera de las causas de
desahucio previstas en los artículo 9 o 10 de la Ley, por el Director/a general
Gerente 29 , se formulará, al interesado, el preceptivo requerimiento de
desalojo, al que hace referencia el artículo 10.4 de la Ley 30 , dándole plazo
de un mes para que desaloje la vivienda militar, bajo apercibimiento de
desahucio.
Transcurrido el plazo señalado en el citado requerimiento, por el titular
del Organismo, se acuerda la incoación del expediente y la designación
del Instructor, que procederá a formular el correspondiente pliego de cargos
al interesado, concediéndole un plazo de ocho días para que formule
las alegaciones y proponga las pruebas que a su derecho convengan, cuya
tramitación se regirá por lo dispuesto en los artículos 80 a 83 de la Ley
30/1992, norma que será de aplicación supletoria para todo lo no previsto
en la normativa especial.
Recibidas las alegaciones, se dará cumplimiento a lo señalado en el
párrafo segundo, de la Instrucción 49, de 1 de septiembre, de la Directora
general Gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, por
la que se establecen criterios para la tramitación de los expedientes administrativos
en el ámbito del Organismo, que señala que «En todo caso, por
la trascendencia de la materia en orden a los derechos que pudieran verse
afectados, en los expedientes administrativos de desahucio el informe de
la Asesoría Jurídica de este Instituto será previo a la propuesta de resolución.»
Evacuado dictamen, se procederá al archivo de lo actuado o a la continuación
del expediente por sus trámites, formulando la correspondiente
propuesta de resolución, que podrá ser objeto de alegaciones por plazo de
ocho días, hasta que por el Director general Gerente se dicte Resolución,
en los términos señalados por el artículo 89.1 de la Ley 30/1992, acordan-
29 La Resolución 4C0/38236/2004, de 2 de noviembre, (BOE nº 277 y BOD nº 227)
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que se delegan determinadas
competencias, delega, en su apartado Tercero.7, en la Subdirección General de Gestión la
competencia para «Requerir de desalojo voluntario y, en su caso, incoar los expedientes
administrativos de desahucio, de las viviendas militares y locales comerciales, cuando concurran
las causas legalmente establecidas para ello».
30 El requerimiento de desalojo no se prevé, de modo expreso, en el artículo 9 de la
Ley, respecto de las viviendas militares no enajenables, pero dicho precepto no contempla
lo contrario y su practica resulta acorde a una interpretación sistemática de la Ley 26/1999
y del artículo 95 de la Ley 30/1992.
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