REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación
de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios 3 . De
este modo, dispone el artículo 3.3 del proyecto:
«Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta ley,
los siguientes entes, organismos y entidades del sector público:
a) Las Administraciones Públicas.
b) Los entes, organismos o entidades con personalidad jurídica
propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer
necesidades de interés general que no tengan carácter
industrial o mercantil, siempre que un sujeto perteneciente al
sector público financie mayoritariamente su actividad, controle
su gestión, o nombre a más de la mitad de los miembros
de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
c) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y
entidades mencionados en las letras anteriores».
Respecto a todo ello, el papel desempeñado por la contratación de
la Administración militar no es indiferente 4 . Ante todo, fue de una
3 No cabe tratar aquí con detenimiento de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas (TJCE), recaída sobre los requisitos de los «organismos de
Derecho público» en el sentido del Derecho comunitario. Simplemente cabría recordar a
grandes rasgos: 1º) Sobre el requisito de la «personalidad jurídica propia», que es indiferente
la forma jurídica, pública o privada [STJCE de 20 de septiembre de 1988, Beentjes,
31/87, apartado 11; STJCE de 10 de noviembre de 1998, BFI Holding, C-360/96, apartado
62; STJCE de 1 de febrero de 2001, Comisión c. Francia, C-237/99, apartado 60]. 2º)
Respecto al requisito relativo a haber sido «creados específicamente para satisfacer necesidades
de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil», lo decisivo es el
criterio de la satisfacción de necesidades de interés general, con independencia de que la
actividad desarrollada comprenda otras vertientes de carácter industrial o mercantil
[STJCE de 15 de enero de 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria y otros, C-44/96, apartado
25]. 3º) Finalmente, en cuanto a las formas de control por el sector público, se ha precisado
lo relativo a qué ha de entenderse por control de la gestión [STJCE Comisión c.
Francia citada, apartado 59] y lo referente a la financiación mayoritaria de la actividad
[STJCE de 3 de octubre de 2000, Universidad de Cambridge, C-380/98, apartado 26].
4 Como parte importante de la contratación de la Administración Pública en general. Ya
se dijo que actualmente la contratación militar se somete a las reglas generales de contratación
pública. Más allá de este dato, es claro que las especialidades propias de la Administración
militar no forman parte de un mundo normativo diferente y ajeno al de la Administración
civil o al de la Administración en general (cfr. en este sentido las reflexiones de
GONZÁLEZ BARRAL, J. C., Contratación pública y elemento extranjero: el caso de
Defensa, en VVAA, La función de asesoramiento jurídico militar internacional y otros
temas jurídicos militares. IV Jornadas de asesoramiento jurídico en el ámbito de la Defensa,
Subsecretaría de Defensa, Madrid, 2002, pp. 169 ss; la cuestión citada en pp. 169 y 170).
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