REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

c) Daño individualizado:
La lesión sufrida debe haber sido causada a una persona en concreto o
a un grupo de personas determinadas caracterizada por alguna relación o
circunstancia predicable sólo respecto de un grupo. Este requisito, como
señala Guerrero Zaplana 23 , se relaciona con el referido a la antijuridicidad
del daño, toda vez que si el daño es general o universal no puede entenderse
que sea antijurídico, pues estaríamos ante una carga común que debe
soportar la colectividad.
B) TITULOS DE IMPUTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN:
Para que pueda atribuirse a una Administración Pública la obligación
de reparar el daño causado debe existir una acción u omisión administrativa
que sirva de «título de imputación».
La primera y principal causa de imputación de un daño a la Administración
es la titularidad administrativa de la actividad o servicio causante
del daño.
Cuando el causante del daño es una persona concreta, el problema se
reduce a constatar la integración del agente en la organización prestadora
del servicio. A teles efectos es irrelevante que el agente sea funcionario, ya
que se considera suficiente que la persona en cuestión lleve a cabo un ejercicio
real de funciones públicas.
Como ha declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina
científica más autorizada, sólo cuando el agente aparece obrando
como tal dentro de la propia estructura orgánica administrativa y causa una
lesión a un particular, podrá imputarse a aquella, el resultado dañoso. Por
tanto, el funcionamiento del servicio público sanitario, tiene lugar cuando
actúan personal médico y auxiliares sanitarios, cualesquiera que sea la
relación jurídica que los une a la administración sanitaria, entendiendo por
ésta, las entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud
y de los centros sanitarios concertados con ellos. Todo ello sin perjuicio de
la acción de regreso que corresponde a la Administración frente a los responsables
cuando hubieran actuado con dolo, culpa o negligencia graves 24 .
Si bien, como advierte De Ahumada, el criterio orgánico de imputación no
23 «La responsabilidad patrimonial de la Administración». Especial referencia a la
Administración sanitaria, 2000-7.
24 Ramón López del Rey Villanueva: «La responsabilidad patrimonial de la administración
sanitaria». Boletín del Colegio de Abogados de Madrid.
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