REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

elaciones mencionadas en la cláusula 5.2 y que, en caso de plantearse, se
contestará al interesado que, por razón de incompetencia del ISFAS, no
resulta posible resolver sobre el fondo de la reclamación, con indicación
de que puede formularse, si se estima oportuno, frente a los facultativos,
Centros o, si procede, la propia Entidad, en la vía jurisdiccional ordinaria
que corresponda según la naturaleza de los hechos.
Lo que se concreta, en definitiva, en la redacción de las cláusulas
transcritas es la desvinculación del ISFAS respecto a las responsabilidades
que se deriven de la actuación de los profesionales incluidos en los cuadros
médicos de la Entidad, por lo que, en consecuencia, será el facultativo
o la Entidad Aseguradora el responsable de la actuación profesional en
que consista la asistencia sanitaria y que puede dar lugar a la producción
del daño.
Al amparo de esta cláusulas, las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial por daños causados en el ámbito de la asistencia sanitaria prestada
por los Servicios de la Entidades concertadas, han sido informadas
desfavorablemente por la Asesoría Jurídica del Instituto, considerando que
no existe una relación de causalidad entre actuación administrativa y daño
producido, por cuanto, como se ha expuesto antes, en estos casos la actividad
presuntamente productora del daño, no puede imputarse al ISFAS,
sino, en todo caso, al facultativo o a la Entidad, contra los que deberá dirigirse
la reclamación en la vía judicial ordinaria.
Este criterio ha sido asumido por la Asesoría Jurídica del Ministerio de
Defensa, así como por el Consejo de Estado y por los tribunales del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, que han entendido de este tipo
de reclamaciones, hasta la fecha.
En este sentido, el Consejo de Estado en su Dictamen nº. 2041/1995,
de 30 de noviembre de 1995 se pronunció en los siguientes términos:
«El Instituto Social de las Fuerzas Armadas actúa como garante
público del riesgo de enfermedad, comprometiéndose a que al asegurado
se le satisfaga una determinada asistencia sanitaria en el
que existe una gran libertad de elección por su parte, escogiendo la
entidad prestadora y dentro de ella, el personal sanitario que desee,
de acuerdo con la lista ofrecida por cada Entidad. Esta condición
no permite imputar a aquel toda responsabilidad que se derive de
una posible negligencia profesional de facultativos situados fuera
de su organización». Así lo ha entendido la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo en su Sentencia de 27-09-1994, que se refiere a un
caso análogo»
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