REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

declaración de caducidad de un procedimiento no implica la prescripción
ni impide el ulterior ejercicio del ius puniendi en un nuevo procedimiento.
Sobre esta base la Sala señala que lo expuesto respecto de los
procedimientos sancionadores en general (es decir, su posible caducidad),
se puede aplicar igualmente a los procedimientos disciplinarios,
pues a ello ya no se opone la DA 8ª de la Ley 30/92 tras la
modificación por la Ley 22/93, afirmando la Sala del Alto Tribunal
que «desde su modificación por la Ley 22/93 esa disposición (DA 8ª)
no sólo no impide sino que claramente propicia, por vía de aplicación
supletoria de la Ley 30/92 y salvo disposición específica en
otro sentido, que también en esos procedimientos disciplinarios
opere la caducidad».
Además el TS se encarga de afirmar que a esta transposición no se
opone el art 127.3 de la propia Ley 30/92, conforme al cual los preceptos
comprendidos en el Título IX de la Ley 30/92 no son de aplicación a los
procedimientos en los que la Administración ejerza potestades disciplinarias
respecto del personal a su servicio o personas vinculadas a ella por
una relación contractual, y ello porque de acuerdo con la previsión de este
art 127.3 la DA 8ª tras la modificación derivada por la Ley 22/93 no
incluye a ese Título IX entre aquéllos a los que es de aplicación supletoria
la Ley 30/92 cuando se trate de procedimientos donde la Administración
ejercita potestades disciplinarias. Es decir, que existe concordancia
entre el art 127.3 y la DA 8ª, y aquél sólo excluye la aplicación a los procedimientos
disciplinarios del contenido del Título IX de la Ley 30/92,
pero no impide que el resto de Títulos de la Ley 30/92 no puedan ser aplicables,
al menos supletoriamente, tal y como resulta de la DA 8ª tras la
Ley 22/93, a los procedimientos disciplinarios, y entre ellos el título en el
que se encuadra el precepto que regula la caducidad de los procedimientos
sancionadores (art 44.2).
c) La conjunción de las reformas operadas en la Ley 30/92 tras la Ley
22/93 (que modificó la DA 8ª) y la Ley 4/99 (que modificó entre otros el
art 44.2 previendo la caducidad de los procedimientos sancionadores) ha
llevado a varios órganos judiciales ha reconocer que la caducidad es aplicable
a los procedimientos disciplinarios.
En definitiva a juicio de la mayoría del Pleno de la Sala las previsiones
de la Ley 30/92 acerca de la caducidad en los procedimientos sancionadores
son aplicables, salvo que exista una regulación específica, a los
procedimientos en que la Administración ejercite potestades disciplinarias.
Así, por lo demás, lo habían entendido ya diversas resoluciones judiciales,
como son por ejemplo las SSTSJ de Andalucía de 10-3-2003 y 19-12-
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