REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

corresponden sobre todo funciones de tipo coactivo o de investigación. Al
tratar esta cuestión el CACI se limita a depositar en manos de los Estados
contratantes la capacidad para mantener la vigencia y la eficacia de sus respectivas
leyes y reglamentos. Así lo señala de forma general el artículo 12
– Reglas del aire – cuando indica que «cada Estado contratante se compromete
a asegurar que se procederá contra todas las personas que infrinjan los
reglamentos aplicables». Esta es la única referencia que el Convenio hace
al poder jurisdiccional de los Estados,cuyas manifestaciones concretas les
son atribuidas en paralelo a la enumeración de las prerrogativas que se han
estudiado, esto es, en los artículos 5, 8, 9, 10, 13 y 16.
La lectura de estos artículos permite señalar que: a) los Estados partes
se reservan el derecho a exigir el aterrizaje de cualquier aeronave de otro
Estado que sobrevuela su territorio, incluso cuando ésta se halle navegando
en condiciones legales (Art. 5.1 in fine), b) los Estados partes se dotan
de la capacidad para controlar que las aeronaves sin piloto que navegan por
su espacio aéreo no causen peligro alguno a las aeronaves civiles que circulan
por el mismo (Art. 8), c) los Estados partes pueden exigir el aterrizaje
de las aeronaves extranjeras que penetran en las zonas que el Estado
sobrevolado ha declarado como áreas de navegación prohibida o restringida
(Art. 9.c)), d) los Estados partes se otorgan idéntica capacidad en relación
a las aeronaves extranjeras que estén sobrevolando su espacio aéreo
cuando sus autoridades hayan restringido o prohibido temporalmente los
vuelos sobre la totalidad o parte de su territorio (Art. 9.c)), e) los Estados
partes están capacitados para designar el aeropuerto en el que han de aterrizar
o desde el que deben despegar las aeronaves extranjeras para fines
de inspección, de aduana o de otras formalidades (Arts. 10 y 13), f) los
Estados partes tienen el derecho de inspeccionar, sin causar demoras innecesarias,
las aeronaves de los demás Estados contratantes a la llegada o
salida de su territorio, y a examinar los certificados de navegabilidad y
otros documentos prescritos en la Convención (Art. 16).
Queda claro, así, que la Convención de Chicago diferencia con claridad
entre las potestades de inspección y de control, de una parte, y las
potestades de enjuiciamiento y de sanción a quienes violan los ordenamientos
respectivos, de otra 20 .
Ahora bien, las actividades de inspección, enjuiciamiento y sanción
parecen en principio susceptibles de aplicarse sólo en el caso de que las
20 Sobre el tema, ver, C. EMMANUELI, «Étude des moyens de prévention et de sanction
en matière d’actes d’interférence illicite dans l’aviation civile international», RGDIP,
3/1973, pp. 577 y ss., y 4/1973, pp. 1081 y ss.
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