REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

nes en que operarán los mismos y, en su caso, el umbral mínimo de puntuación
que en su aplicación pueda ser exigido al licitador para continuar
en el proceso selectivo» (apartado 2).
En cambio, como se acaba de ver, el proyectado artículo 134 se refiere
sin más a «los criterios que han de servir de base para la adjudicación»,
distinguiendo después entre «aquéllos que hagan referencia a características
del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes
obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas
en los pliegos» —a los que, como regla general, se dará preponderancia—
y aquellos otros «cuya cuantificación dependa de un juicio de valor una
ponderación superior a la correspondiente a los criterios evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas» 17 . Y, lo que es más importante,
contempla el supuesto relativo a que en una concreta licitación se dé
más peso a estos segundos criterios que a los primeros. Para estos casos,
prevé la intervención de un comité de expertos, cuyo informe de evaluación
vinculará al «órgano competente para la valoración de las proposiciones»
—Mesa de contratación, ordinariamente— a efectos de formular
la propuesta de adjudicación al órgano de contratación (cfr. artículo 144.1
del proyecto de LCSP).
Así pues, en la ponderación de estos criterios «cuya cuantificación
dependa de un juicio de valor» no se ha seguido un posible sistema, cual
era el consistente en limitar dicha ponderación o valoración a un cierto
porcentaje del total. Antes bien, se opta por la posibilidad general de ponderar
dichos criterios por encima de los restantes —siempre que se trate de
procedimiento abierto o restringido y que tal posibilidad conste en los pliegos,
claro está—, aunque para estos supuestos se prevé la intervención del
comité de expertos a que se ha hecho referencia.
En fin, puede destacarse la facultad de «encomendar esta evaluación a
un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos»,
matiz cuya introducción se debe en buena parte a la existencia de
este tipo de órganos en el Ministerio de Defensa, cuya experiencia en el
ámbito de la contratación ha enriquecido también este aspecto.
Un segundo y último punto que podría analizarse es el relativo a la
introducción de las características medioambientales y sociales como cri-
17 Ya no se habla, como sucedía en el anteproyecto, de criterios «que hagan referencia
a características del objeto del contrato que puedan valorarse de forma objetiva» y aquellos
otros «cuya valoración dependa de un juicio subjetivo». Ciertamente es preferible la
redacción del proyecto, pues se trata en todo caso de valorar de forma objetiva, esté o no
ligada tal valoración a la mera evaluación automática por aplicación de fórmulas.
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